El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunció ayer que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a analizar la posibilidad de hacer una «reforma razonable» del impuesto de Sucesiones que satisfaga a los ciudadanos. Así lo aseguró el presidente en la sesión de control al Gobierno de las Cortes de Aragón, en respuesta a una pregunta formulada por el presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien se interesó por si el Gobierno piensa mantener el impuesto de Sucesiones y Donaciones con su regulación actual. Lambán hizo referencia en su intervención a la reunión que esta semana mantuvo Aliaga con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a quien sugirió que podía haberle pedido la eliminación del impuesto, en tanto en cuanto es de competencia exclusiva del Estado a pesar de tenerlo cedido a las comunidades.

El presidente criticó la iniciativa que defendió el PAR el pasado jueves en el pleno, que salió aprobada, para crear una comisión de estudio sobre la aplicación de este impuesto, ya que en noviembre del 2017 el Parlamento ya aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos que insta al Ejecutivo a elaborar en el primer trimestre del 2018 un estudio del impacto de este impuesto que facilite una «reforma progresiva».

El PAR, que para Lambán «no pretende suprimir el impuesto, sino ganar votos» con él, va «con la lengua fuera» detrás de Ciudadanos, consideró, cuya iniciativa de revisión es adecuada frente a la «innecesaria e insulsa» comisión propuesta por los aragonesistas. Pero además, en el 2011, el PAR prometió en campaña suprimirlo, pero el Gobierno del que el propio Aliaga formó parte «incumplió».

Según los datos del presidente, en el 2013 la recaudación de este impuesto fue de 193 millones de euros frente a los 170 de 2017, con un Ejecutivo PSOE-CHA.

Aliaga insistió por su parte en el «clamor popular» para la eliminación de un impuesto que reconoció que debe venir del Estado. Lambán negó que este impuesto penalice la economía productiva, en tanto en cuanto no tiene «nada que ver» con las decisiones empresariales de instalarse o no en la comunidad. En la línea contraria se pronunció el diputado del PP Antonio Suárez, quien preguntó al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, si considera que la política fiscal está influyendo en hacer menos atractivo Aragón para atraer empresas.

Según indicó Suárez, los datos de la CEOE alertan de que el ritmo de creación de empresas en España ha bajado un 6,6%, pero que ese porcentaje ha sido del 19,4 % en Aragón, algo muy negativo en una población envejecida donde se necesita generar empleo para luchar «de verdad» contra la despoblación.

Gimeno le afeó que utilice «datos falsos» y se refirió a los del Instituto Aragonés de Estadística que aseguran que Aragón contaba con 578 empresas más el 1 de enero de 2017 con respecto a enero del 2016. Lo que piden las empresas para instalarse en Aragón, según el consejero, no tiene que ver con la fiscalidad, sino con el índice de confianza empresarial, el buen clima laboral y de las facilidades que las administraciones públicas dan.