El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, comparecerá a petición propia para explicar la posición de su Ejecutivo ante la última polémica hidrológica que enfrenta a los intereses de la cuenca del Ebro con los de las cuencas internas de Cataluña. La pasada semana, Aragón recurrió el plan fluvial de cuenca de Cataluña por la invasión de unas competencias que corresponden a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sin embargo, este plan fue aprobado por la mayoría del Consejo Nacional del Agua que no tuvo en cuenta el hecho de que se permita una concesión de caudales a 10 pueblos que no están en la cuenca del Ebro. Bien es cierto que esta pequeña concesión de agua, de 0,62 hectómetros cúbicos por año, debe ser autorizada con carácter temporal.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, advirtió ayer que ante la «amenaza real de trasvase» el Ejecutivo aragonés adoptará las medidas oportunas para que no se ejecute y pide a la Confederación Hidrográfica que no lo autorice. En una nota de prensa, Olona lamentó que «nunca se había llegado tan lejos como ahora» en el trasvase del Ebro, en alusión a la aprobación el pasado día 16 en el Consejo del Agua del Plan Hidrológico de la cuenca fluvial de Cataluña.

Además de la decisión del propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de pedir una comparecencia a petición propia en las Cortes de Aragón para hablar de este asunto, Olona aseguró que el Ejecutivo adoptará todas las medidas políticas y jurídicas necesarias para que «no se produzca ningún trasvase de la cuenca del Ebro a otras cuencas».

El consejero confía en que el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Ebro tengan clara cuál es la legalidad y no permitan que se lleve adelante el proyecto. En particular, confía en que «la CHE no autorice el cambio de uso de caudales que supone el proyecto de Cataluña» y que implica convertir una autorización para una solución puntual y transitoria, como fue una etapa de sequía, en una acción estructural y definitiva y que asimismo pretende trasvasar agua fuera de su cuenca natural y cambiar un uso agrario por otro de abastecimiento a la población.

Ante esta situación, Olona reclama «la unidad de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Aragón para hacer frente a este nuevo reto» y recuerda que «el Gobierno de Aragón ya votó en contra» del decreto catalán en la última reunión del Consejo Nacional del Agua con un voto particular en el que se explicaba el porqué del mismo. Hoy lo volverá a explicar en rueda de prensa.

Por su parte, la reacción casi unánime de los grupos es la de oponerse a esta concesión mínima a los pueblos de fuera de la cuenca. CHA exige a la Confederación Hidrográfica del Ebro coherencia con el principio de unidad de cuenca, ante el intento de trasvase impulsado por el Gobierno catalán.

Mientras fuentes del PP manifestaron su rotunda oposición al trasvase del Ebro, una postura que podrían hacer pública en su congreso del fin de semana, tanto el PAR como CHA fueron los dos partidos que, junto a Podemos e IU criticaron con contundencia cualquier pretensión trasvasista, exigiendo respeto al Estatuto de Aragón y las directrices que marca la nueva directiva del agua, contraria a los trasvases entre cuencas.