El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado hoy que no hay motivos para rescindir el contrato del Hospital de Alcañiz con la adjudicataria del proyecto, OHL, a pesar de los retrasos en las obras, que ha afirmado que no impiden que se cumpla el plazo previsto, que vence en 2021

Lambán ha comparecido hoy ante el pleno de las Cortes, a petición del PP, para informar sobre el estado del contrato después de que se hayan denunciado retrasos en su ejecución tras la puesta de la primera piedra de la infraestructura sanitaria, en octubre del año pasado.

El presidente del Gobierno, ante las críticas de inacción de su Ejecutivo vertidas por el líder del PP, Luis María Beamonte, ha insistido en que se está ultimando el plan de obras, que se presentará en breve, y que no hay "absolutamente ningún motivo" para la preocupación.

De hecho, ya se ha vallado el perímetro y desbrozado el solar en el que se ubicará el hospital, y Lambán ha anunciado que el próximo 31 de mayo comenzará la cimentación y el 26 de junio, las obras de la estructura.

El plan de obras para cumplir el plazo de 56 meses establecido en el contrato, por tanto, está para el presidente "totalmente acreditado y es totalmente verosímil", tal y como aseguran los técnicos no solo de la empresa, sino de la propia administración autonómica.

Y aunque ha reconocido que hay "retraso" sobre las previsiones iniciales, eso no impedirá cumplir el contrato, porque la empresa adjudicataria tiene "margen de maniobra" para distribuir el tiempo del que dispone como considere oportuno, "siempre que la obra esté acabada en 2021", ha insistido.

Por tanto, no hay motivo actualmente para la rescisión de un contrato sobre el que tampoco se ha solicitado un modificado, cosa que, por otro lado, Lambán ha recordado que no permite el pliego de condiciones.

Y ha considerado que la oposición, también el secretario general de Podemos, Nacho Escartín, es "demasiado audaz" cuando acusa de incumplimientos en una obra que debe de acabar en 2021.

Sin embargo, Beamonte ha exigido al presidente que tenga la "humildad" de reconocer los problemas con la construcción de este hospital, en cuya ubicación solo trabajan desde hace dos días un buldócer y dos retroexcavadoras.

Ha denunciado también que año tras año hay una "redimensión a la baja" de los presupuestos que se destinan a esta infraestructura en las cuentas autonómicas anuales, "con mercadeo de enmiendas de ida y vuelta", para que el resultado sea que Alcañiz siga sin el reclamado hospital.

Pero para Lambán, si hay alguien sin "legitimidad" para denunciar el retraso de las obras es el PP, que no fue capaz en sus cuatro años de gobierno anteriores de adjudicar las obras y que propuso al final un proyecto de hospital "privado", un "negocio muy suculento" para determinadas empresas "a costa del bolsillo de todos" y que el actual Ejecutivo PSOE-CHA tuvo que echar atrás.

Frente a la "gestión ilegal y opaca" de la Sanidad que hizo el PP, el actual Gobierno, según su presidente, acabará su mandato con dos hospitales públicos en marcha en la provincia de Teruel, el de Alcañiz y el de la capital.

Escartín, por su parte, ha mostrado su preocupación por el retraso y ha exigido a Lambán un compromiso concreto, con cronograma de las obras y con la ejecución de todas las partidas previstas en los presupuestos, después de "muchas fotos y muchas promesas incumplidas".

En las partidas destinadas al hospital y no ejecutadas en 2016 (tres millones) y 2017 (2,3 millones después de una enmienda de Podemos que rebajó la cantidad en 8,7 millones) se ha centrado la diputada del PAR Berta Zapater su intervención, en la que ha recordado que el proyecto del anterior Gobierno tenía un plazo de 36 meses y no 52.

Susana Gaspar (Ciudadanos) ha exigido al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, que actúe con prudencia, al hilo de su declaraciones de hace unas semanas en las que sugirió que podría ser posible tener que rescindir el contrato.

Y por el Grupo Mixto, Patricia Luquin, de IU, ha hecho hincapié en las consecuencias que tiene firmar contratos con adjudicatarias que hacen "bajas temerarias", que una vez comenzadas las obras presionan al Gobierno de turno para conseguir más dinero.