El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha pedido a los grupos parlamentarios consenso para una reforma "radical" y cuanto antes del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que ha admitido controvertido aunque no necesariamente injusto porque su filosofía es "correcta".

Lambán ha comparecido hoy en el pleno de las Cortes para exponer la posición de su gobierno respecto al ICA, un problema "heredado" que no ha sido bien entendido por la ciudadanía, con "demasiadas sombras de duda" y sobre el que hay varias líneas abiertas para solucionarlo, porque como otros impuestos, es susceptible de reforma.

Pero esa reforma, ha advertido al líder de Podemos Aragón, Nacho Escartín, se debe acometer con "responsabilidad" y sin crear inseguridades jurídicas, y de acuerdo con la legislación y los principios constitucionales que rigen la fiscalidad.

El objetivo, ha dicho, es garantizar que los aragoneses no pagan más que el resto de españoles, con bonificaciones a las rentas más bajas y los municipios de menos de 200 habitantes sin depuradoras, reduciendo el tramo fijo y estableciendo una parte variable con una escala progresiva.

La reforma del ICA es un compromiso del Gobierno con Podemos para la tramitación de los presupuestos de este año, pero Lambán ha incidido en que ya se han dado pasos "irreversibles", como la aprobación del techo de gasto, si bien ha asegurado que su gobierno estudiará cualquier propuesta que haga la formación morada.

En ese aspecto, ha apuntado que la moratoria en la aplicación del ICA que reclaman Podemos y la Red del Agua Pública de Aragón parece desde el punto de vista legal muy complicada, a falta de los informes, lo cual no quita para que se llegue a un pacto para la reforma del impuesto.

Ha aseverado que su Gobierno, desde el principio, acabó con un plan de depuración "fracasado" y lo cambió por un sistema basado en la gestión de depuradoras por los ayuntamientos o la DGA, enteramente público.

Además se ha puesto en marcha, de acuerdo con Podemos, una mesa para la reforma del ICA, que ha de funcionar a la máxima velocidad porque el objetivo es tener una propuesta a mitad de marzo.

Y la comisión de estudio sobre la aplicación del ICA que a instancias del PP se va a crear en las Cortes debe servir de base para el acuerdo que ha de haber en las Cortes para la modificación de la Ley de Ríos y Aguas y que, en su opinión, no convendría cambiar sin consenso.

Ha reclamado además que se deje de hacer demagogia con la solidaridad y de decir que los zaragozanos han pagado su depuradora y ahora se les pide un esfuerzo, porque sacar a miles de ciudadanos a las calles en contra de un impuesto "es una de las tareas más sencillas que cabe imaginar".

Pero la izquierda, ha dicho, debe tener cuidado con estos planteamientos porque se puede acabar con la cultura de la fiscalidad tan importante para hacer políticas progresistas.

En el turno de los grupos, Luis María Beamonte, del PP, tras opinar que Podemos "ha cogido la medida" a Lambán para condicionarle el presupuesto, ha afirmado que lo ocurrido con el ICA es expresión del hartazgo de la ciudadanía con una "brutal carga fiscal" y defendido su reforma, pero con criterios técnicos y garantías jurídicas.

Por Podemos, Nacho Escartín ha recordado a Lambán que la reforma está en marcha por el acuerdo con su grupo para tramitar el presupuesto, ha pedido la suspensión cautelar del cobro del ICA por ser "injusto y oscuro" y ha justificado la comisión de investigación sobre el plan de depuración por la "posible corrupción" que puede haber detrás.

Arturo Aliga, del PAR, ha defendido el plan de depuración, que contaba con informes técnicos, de intervención y de los servicios jurídicos, y recibió un reconocimiento europeo, y ha asegurado que su grupo no pondrá pegas a las comparecencias en la comisión de investigación porque "interesa que se sepa la verdad".

Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha hecho hincapié en que el impuesto está mal planteado y genera confusión, ha recordado a Lambán que la responsabilidad impositiva es de su Gobierno y se ha mostrado convencida de que no habrá dificultades para que las enmiendas de su grupo al presupuesto de este año, para recuperar las bonificaciones de 2016, se aprueben.

Patricia Luquin, de IU, ha insistido en que el impuesto es "profundamente injusto", ha reclamado al presidente que dialogue y se ha mostrado convencida de que se puede encontrar la forma de que haya una moratoria del ICA como se encontró para el impuesto del cable.

Javier Sada, del PSOE, ha resaltado que el Gobierno de Lamban decidió "no mirar para otro lado" y cambiar el sistema para impulsar la depuración, ha destacado la voluntad de acuerdo en torno al ICA de los grupos y defendido afrontarlo desde la solidaridad, como la educación, la sanidad o la dependencia.

Gregorio Briz, de CHA, ha admitido que es necesario revisar el ICA, pero ha considerado que los grupos de izquierdas no deben construir relatos en contra de los impuestos que son necesarios para mantener el estado del bienestar.