Si algo genera unanimidad política en Aragón es la defensa del río Ebro y el rechazo a los trasvases entre cuencas, y ayer se volvió a demostrar en una interpelación de Podemos al presidente del Gobierno que, aunque iba dirigida para hablar del plan hidrológico de cuenca, acabó convirtiéndose en un debate sobre los últimos pasos dados por el Gobierno central que crea dudas sobre la posibilidad de que se incluyan los trasvases en el futuro Plan Hidrológico Nacional. Así lo indicó el dirigente de Podemos, Nacho Escartín, aunque Lambán le señaló --aparte de reiterar la oposición del Gobierno a los trasvases-- que estos están finiquitados: «Por no hacer, Rajoy no va a hacer ni trasvases», espetó, aunque a renglón seguido dijo temer cualquier cosa dado «el escaso peso» del PP aragonés en Madrid. El líder de los populares, Luis María Beamonte, insistió en que su partido se opondrá a cualquier trasvase, y defendió «una política rigurosa del agua». Todas las formaciones lanzaron su ataque a Ciudadanos, el único partido que --a pesar de la reiterada negativa de su portavoz, Susana Gaspar-- contempla sin ambages la posibilida de crear trasvases «si así lo dicen los técnicos». Gaspar consideró que el debate del agua es «demagógico y maniqueo». Especialmente crítico fue Gregorio Briz, de CHA, quien teme que Cs sea «la llave del Gobierno». El presidente del Gobierno le recordó que los criterios técnicos por sí solos no toman decisiones ya que estas se adoptan desde la política. Patricia Luquin (IU), insistió en que el Gobierno de Aragón debe dejar claro que el agua es «un bien de interés público» y alertó de la venta de derechos concesionales, «un privilegio y un negocio».
