El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido hoy su deseo de que la Ley de Capitalidad pueda estar aprobada en el primer semestre de 2016 y su disposición a fijar un calendario de reuniones con el Ayuntamiento de Zaragoza para concretar la cifra y el sistema de pago del dinero que se le adeuda.
Lambán ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, tras reunirse ambos en la Casa Consistorial con el objetivo de sentar las bases para una relación institucional y buscar soluciones a cuestiones como la deuda, la prestación de servicios impropios, el transporte o el suministro de agua.
Una Ley de Capitalidad dotada de manera adecuada, 113 millones según el ayuntamiento, permitiría a la ciudad poder continuar con la prestación de servicios y la atención a la emergencia social, además algunos de ellos en mejores condiciones que el Gobierno de Aragón, según ha apuntado Santisteve.
El alcalde ha asegurado que en algunas cuestiones el ayuntamiento está en condiciones para prestarlos al cien por cien, lo que exigiría por tanto que el Gobierno de Aragón abonará la totalidad del coste.
El alcalde ha apuntado que en la anterior legislatura el anteproyecto de Ley de Capitalidad "estaba bastante avanzado", por lo que cree que podría servir como base para continuar con el debate.
En cuanto al importe que el Gobierno de Aragón adeuda a Zaragoza, Santisteve mantiene que asciende a más de 50 millones de euros, de los que 18 corresponden a atención domiciliaria que "no se han cobrado y ponen en peligro seiscientos puestos de trabajo".
Ha asegurado que el consejero municipal de Hacienda, Fernando Rivarés, está utilizando "el mismo lenguaje" que usaba el actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, cuando estaba al frente de la gestión de las arcas municipales.
El presidente de Aragón ha recordado que parte de la situación a la que se enfrentan ahora ambas instituciones responde a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas que obligará a partir del 1 de enero a que los ayuntamientos dejen de prestar funciones que no son de su competencia y que ahora tendrán que asumir las comunidades autónomas.
Algo que, ha advertido, en el caso de la de Aragón es "financiera y logísticamente imposible de hacer".
Ahora el objetivo es retomar las conversaciones con el ayuntamiento que con anterioridad "nunca se produjeron" a pesar, ha reconocido Lambán, de que la ciudad "tenía bastante bien hechos los deberes" en cuanto al cálculo de la deuda y de la situación financiera, pero sobre lo que no se pudo avanzar "nada porque desde el Pignatelli (sede del Gobierno)" fue "el silencio más absoluto".
El presidente aragonés está ahora dispuesto a resolver las cifras y el sistema de pago "cuanto antes", por lo que esta semana previsiblemente se producirá una nueva reunión entre los dos consejeros de Hacienda de ambas administraciones.
No obstante, la insistido en la falta de capacidad financiera del Gobierno de Aragón para asumir no solo la deuda con el ayuntamiento, sino con los proveedores e incluso para afrontar los pagos de los funcionarios, profesorado y médicos, que en este caso se hará mediante modificaciones de créditos y el resto mediante cambios fiscales.
Y aunque ha anunciado su intención de presentar el plan económico financiero "de manera inmediata", ha advertido de que esa no es la solución, ya que lo que afecta a las administraciones es un "problema estructural de financiación".
Una situación que también va a impedir que en 2015 se puedan tomar decisiones de gasto derivadas del acuerdo con Podemos para el apoyo de investidura, que "tiene puestos en marcha todos los mecanismos" para su cumplimiento, según ha asegurado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza también se enfrenta a problemas de financiación que requerirán recaudar más, especialmente para hacer frente a la situación de emergencia social, por lo que los presupuestos y fiscalidad se regirán por el principio de que "el que más tiene pague más".
