El pleno de las Cortes de Aragón ha solicitado al Ejecutivo aragonés que pida al Gobierno de la nación que apruebe el régimen económico específico que se prevé en el artículo 3.3. del Real Decreto 1/2012 para instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios.
El objetivo de esta petición es el apoyo a la competitividad de la industria aragonesa y a la generación de empleo, especialmente en el medio rural, señala el texto de una proposición no de ley aprobada en el pleno del Parlamento aragonés con 50 votos a favor de Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR) y ocho en contra de Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).
La iniciativa, presentada por el PAR, también ha formulado otras dos peticiones para el Gobierno central, que han sido apoyadas por todos los grupos, que son la promoción de medidas para fomentar la contribución de las energías renovables en el mix energético, articulando regímenes específicos para las tecnologías que tienen especial incidencia en el desarrollo territorial y tecnológico y mejoran los objetivos de reducción de emisiones de CO2.
También, promover una planificación energética estable que genere certidumbres a corto, medio y largo plazo en un sector estratégico para la economía, con la participación de las Comunidades autónomas.
El diputado del PAR, Alfredo Boné, ha argumentado que si no se desarrolla ese régimen económico específico "en Aragón puede quedar afectada la competitividad de un conjunto de empresas que superan los 42.000 empleos" y ha defendido aprovechar esa "estrecha rendija" que permite el real decreto "para que no se produzca el perjuicio que se produciría" de no desarrollarlo.
El parlamentario ha agregado que "Aragón es una región energética", "somos exportadores de energía" y "no podemos dejar a este sector industrial aragonés indefenso", además de que contar con ese régimen económico específico "permitirá resolver cuestiones como las plantas de depuración de purines, proyectos de biomasa y proyectos de cogeneración".
Apoyo a las renovables
El diputado del PP, Eduardo Peris, ha defendido la intervención del Gobierno central para ordenar el sector, al tiempo que ha mostrado su apoyo al desarrollo de las energías renovables y de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) vinculados a ellas, para apostar, asimismo, por "el consenso y llegar a los máximos acuerdos" en esta materia.
El diputado del PSOE, José María Becerril, ha manifestado el apoyo a las energías renovables, tanto por la creación de empleo y desarrollo para Aragón, como por su capacidad para mejorar "la calidad de vida de las personas que viven en la Comunidad", en "la línea que marca la normativa europea" y por los problemas que genera el efecto invernadero.
El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha presentado una enmienda con un texto alternativo a la primera petición de la iniciativa del PAR, que ha sido rechazada, porque ha estimado que pedir el desarrollo del régimen económico específico que prevé el real decreto supone aceptar una normativa "que es perjudicial para los intereses de las empresas aragonesas y del sector".
Al respecto, ha criticado que el real decreto suprima los incentivos económicos para instalaciones renovables, lo que supone un "parón" para muchas nuevas instalaciones y "frenar" el desarrollo de las renovables, "imprescindibles para responder al desafío del cambio climático, del desarrollo rural y del reequilibrio territorial", además de ser un sector "de los pocos que puede consolidarse, dar alternativas energéticas y crear empleo".
El diputado de IU, Luis Angel Romero, también ha opinado que "hay que convencer el Estado de que no es bueno este real decreto", que "frena las energías renovables para frenar la escalda del déficit tarifario" eléctrico, implicando una "ayuda y colaboración a las grandes eléctricas, que desde siempre han estado en contra de la incentivación de las energías renovables".
Ha agregado que esto supone "paralizar un sector pujante en la Comunidad autónoma", que tiene "posibilidades respecto al desarrollo de tecnologías" y también implicará "perder empleo".
