Las entidades representadas en el Consejo aragonés de Servicios Sociales se mostraron ayer, en general, conformes con la intención del departamento que dirige Ricardo Oliván de primar la prestación de servicios profesionales, sobre las ayudas económicas a familiares, si bien lo hicieron expresando algunas objeciones de calado. Por ejemplo, contra la figura del copago, que se une a la supresión de los 400 medicamentos de la financiación pública.
El delegado territorial de la ONCE en Aragón, José Antonio Bes, dijo "entender la situación del país", pero advirtió de que "los recortes no deben aplicarse siempre en el mismo sentido". Bes declaró que "está bien que se primen los servicios profesionales, pero no los hay en el medio rural, por lo que allí debe existir una compensación".
Como el representante de la ONCE, el de Cocemfe, José Miguel Monserrate, criticó la "baremación de los grados de discapacidad". Para Monserrate, la ley "olvida que también lo es de promoción de la autonomía personal". Por parte de los discapacitados intelectuales integrados en FEAPS, su gerente, Ramón Álvarez, dijo que "la ley ha pegado un bajón" y coincidió en criticar los baremos. "Los discapacitados intelectuales son siempre dependientes", manifestó.
