Si algo han demostrado estos cuatro años de legislatura en Aragón es que tener reconocida la Ley de Dependencia no es garantía de recibir la prestación. El declive ha sido notorio. Se ha pasado de los 22.495 beneficiarios en el 2011 a los 18.511 en el 2014. La comunidad está a la cola en su aplicación y, lejos de mejorar, las cifras asustan cada vez que se da a conocer un nuevo informe público.
Según el XIV Dictamen Observatorio Dependencia, fechado en diciembre del 2014 y realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Aragón es la región que ha registrado un mayor retroceso en la aplicación de la ley desde el 2011 y, en el último año, ha sufrido una reducción del 7% en el número de personas atendidas (1.313 aragoneses).
El dato más vergonzante lo dio a conocer el informe de fiscalización al Instituto Aragonés de Servicios Sociales correspondiente de los ejercicios del 2012 y 2013 y que puso el grito en el cielo al exponer que casi 3.000 aragoneses murieron mientras esperaban la dependencia. Además, la DGA dejó sin resolver 10.887 expedientes al cierre del ejercicio 2013 y que presentaban una antigüedad media de 862 días. Un dato dentro de la ley, según dijo el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván.
INFORME DE FISCALIZACIÓN
Tanto él como la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, han evitado pronunciarse a las críticas y siempre han defendido la gestión del Ejecutivo en esta materia. Los números no han sonrojado a nadie. Muchas veces han justificado la situación por las "herencias" recibidas del anterior gobierno socialista. Pero los datos, objetivos, evidencian que en cuatro años no se avanzado ni un ápice.
Actualmente, hay más de 7.000 personas que están esperando el reconocimiento de la ley y los cerca de 8.600 dependientes de grado medio que deberán recibir atención desde julio podrían sumarse a la demora de un servicio en el que los plazos medios de tramitación de la primera fase de los expedientes son de 531 días --más de año y medio--, cuando en el 2007 era de 126. Así lo apuntó también informe de fiscalización. Al final, Oliván tuvo que reconocer el pasado 26 de marzo en las Cortes de Aragón que la prestación de la dependencia solo llega al 48% de los que tienen el derecho reconocido a recibirla.
PLAZAS RESIDENCIALES
La DGA tampoco ha sido cuestionada por su gestión en las residencias de ancianos. Desde el año 2011, cuando el PP accedió al gobierno, se han cerrado 25 centros de estas características en Aragón, 22 privados y tres públicos. Según la consejería de Sanidad, se traminaron hasta 15 expedientes de cierre por faltas graves que podrían amenazar la seguridad física y psíquica de los internos.
Sin embargo, la supresión de plazas concertadas en residencias públicas ha sido otro caballo de batalla contra el que ha tenido que pelear Cristina Gavín. La mayor parte de los dependientes en Aragón superan los 80 años y sufren esperas de más de dos años para acceder a una plaza de residencia. Así lo puso de manifiesto un informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, en el que participan los directores y gerentes sociales de las distintas comunidades. En el 2011 había 478 plazas de este tipo, mientras que en el 2013 se registraban 234. Una reducción que supera el 50%.
La privatización tampoco ha quedado exenta en este asunto. De hecho, en abril del 2014 el Gobierno de Aragón decidió cerrar la residencia de Movera alegando entonces que el edificio necesitaba una reforma "por motivos de seguridad". Los 80 usuarios fueron trasladados al centro de Santa Ana de Utebo, de gestión privada. Hace unas semanas, tras meses de obras, el edificio abrió sus puertas, pero esta vez la gestión, por diez años, correrá a cargo de una empresa externa al IASS, tal y como se recogió en la convocatoria de licitación en el Boletín Oficial de Aragón. El cambio de gestión provocó el rechazo de familiares, partidos políticos y colectivos.
Sanidad, por su parte, apunta que, de acuerdo con la Ley de Dependencia, "se están priorizando" las prestaciones y durante el 2015 el IASS contará con 118 plazas públicas más que en el año 2010 en centros para personas dependientes. "En atención a discapacitados se han incrementado 284 en relación al 2011", añade el departamento.
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