Finalmente, el pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la ley de lenguas con los votos del PSOE y de la Chunta Aragonesista (CHA). El PP y el Partido Aragonés (PAR) votaron en contra, y también IU, en este último caso porque la considera una ley de mínimos.

En 1975, aún en vida del general Franco, los directores y principales miembros de la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, ante una controversia aparecida en la prensa valenciana sobre el origen de la lengua, declaraban que la lengua valenciana era una variante dialectal del catalán, y lo hacían extensivo a los demás territorios de habla catalana y a la Franja. No solo hacían esta declaración, sino que amonestaban y censuraban a todos aquellos que claramente utilizaban sus propios prejuicios como fuente de autoridad científica, mientras pretendían ridiculizar e, incluso, insultar a personalidades que, por su trabajo, merecían el respeto de todos, y en primer lugar de los firmantes. También denunciaban que negar la lengua catalana en estos territorios tuviera que ver con la realidad, y aseguraban que eso era algo suficientemente claro para la filología y la historia.

Tras más de 30 años de democracia, en algunos aspectos hemos dado marcha atrás como los cangrejos. Ante las controversias surgidas en el País Valenciano y ahora en la Franja de Ponent, u Oriental como la llaman desde Aragón, no hemos visto ninguna declaración parecida por parte de los miembros de estas insignes academias que marque el camino por el que deben ir los políticos. La redacción y tramitación de la ley de lenguas, en gran parte, ha estado en manos de políticos, muchos de ellos castellanos, sin formación y sin ningún asesoramiento de personalidades entendidas en la materia. Y así, movidos por apasionamientos y prejuicios anticatalanes, han soltado las mayores aberraciones.

En las tierras de la Franja de Ponent el catalán no apareció porque sí, sino porque en su día fueron pobladas principalmente por catalanes que trajeron su lengua. Desde el punto de vista civil, en ciertos momentos de la historia estas tierras pertenecieron a Cataluña, igual que desde el punto de vista eclesiástico. Recordemos que, hasta hace pocos días, una gran parte de las parroquias de la Franja pertenecían a la diócesis de Lleida. No entremos a debatir si estas tierras deben pertenecer a Aragón o a Cataluña. Esto no viene al caso y corresponde a sus habitantes decidirlo. Ahora solo pretendemos constatar una realidad.

LAS POSICIONES sobre el catalán de la Franja por parte del PP y del PAR están ancladas en lo más rancio del puro franquismo. Pese al gran esfuerzo que estas dos formaciones políticas han realizado, a través de entidades civiles, para llevar la polémica a la calle, no han tenido éxito. Las encuestas de periódicos, a través de internet y por otros medios, dejan bien claro que la lengua que se habla en la Franja es el catalán. Los habitantes de las comarcas de la Franja saben muy bien que la lengua que hablan es la catalana, porque se dan cuenta de que es la misma que hablan, pongamos, los de Lleida, Tortosa y Barcelona.

Está claro que hay algunas diferencias, pero son mínimas. Las pocas personas que niegan en la Franja la catalanidad de la lengua lo hacen por la presión política y por el caciquismo impuesto por los dirigentes del PP y del Par, y pocas veces por ignorancia. Años atrás, cuando mandaba el PP en la Diputación General de Aragón, en un acto organizado por una entidad cultural en la Franja contra la unidad de la lengua, un ponente declaró: "El concejal de Cultura nos ha dado dinero para meter ruido contra el catalán". Con eso está dicho todo.

Muchos de los dirigentes del PSOE de Aragón han nacido en las poblaciones de la Franja y tienen plena conciencia de la lengua que hablan, pero, por haber consensuado algunas enmiendas con el PAR en el momento de desarrollar la ley, pueden llegar a cometer graves errores. La ley de lenguas que presentó el grupo socialista es una ley de mínimos, porque no prevé la oficialidad de la lengua y ni siquiera la plena escolarización. Rebajarla un poco más significaría que no serviría de nada. No hace mucho, el Consejo de Europa daba un toque de atención al Gobierno de Aragón por no tomar medidas cara a la protección del catalán y el aragonés.

Pese a que la ley deja claro que es catalán, negar la unidad de la lengua sería un error. El intento de emular en Aragón al País Valenciano con la creación de una academia de las lenguas es una gran tontería. En Valencia, muchos filólogos que forman parte de la Academia Valenciana también son miembros del Institut d´Estudis Catalans. Las contradicciones en que incurren son importantes, pero eso no les importa mucho porque ser miembro de la Academia Valenciana les reporta una importante fuente de ingresos y ser miembro del IEC les justifica su prestigio como filólogos.

Como se ha hecho hasta ahora, Aragón debe regirse por las normas del IEC, como así lo aconsejaron en su día los miembros de la Real Academia Española. Esta ley, pese a no reconocer la oficialidad, es un paso adelante. Siempre que se interprete al alza y con seny.

Historiador