Podemos acepta y acata, aunque no le guste, el informe elaborado por los letrados de las Cortes en el que se avala la disconformidad del Gobierno de Aragón a aceptar la tramitación de enmiendas a los presupuestos del 2018 que supongan minoración de ingresos, y exige al PP que haga lo mismo. La portavoz de la formación morada en las Cortes, Maru Díaz, compareció tras conocer el contenido de este informe de los letrados del Parlamento, que avala la tesis del Ejecutivo autonómico sobre la no conformidad a tramitar las ocho enmiendas presentadas a las cuentas de 2018 por los grupos que suponen cambios en determinados impuestos y, por tanto, una disminución de los ingresos. Son propuestas para suprimir el incremento del 1,4 % de las tasas que prevé el proyecto de ley, para suprimir o bonificar el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y para cambiar la liquidación del impuesto de sucesiones por las fiducias.

Podemos no está de acuerdo con los argumentos que esgrimió el Gobierno de Aragón porque ha decidido aplicar una «lectura dura» del artículo 135 de la Constitución y de las leyes de estabilidad como respuesta a las enmiendas, aunque «probablemente tenía otras opciones» como hacer un informe «más laxo» o «negociar». Pero Podemos no desoirá «en ningún caso» el informe. Añadió que «algunas fuerzas» de las Cortes han pedido que no se haga caso al informe (en referencia al PP), y en ese juego Podemos no va a entrar, «porque una cosa es no estar de acuerdo con el Gobierno y otra hacer caso omiso a nuestros propios letrados». Por eso, pidió al PP que «no se escude en las formas del PDeCAT y de Carles Puigdemont», porque estas tienen «poca calidad democrática». Díaz recalcó que esta postura del Gobierno con las enmiendas de minoración no va a suponer un obstáculo insalvable para que la formación, que no tiene «líneas rojas», apruebe definitivamente las cuentas. El PP y el PAR arremetieron contra Podemos y le instaron a mantener las enmiendas, además de atacar a Lambán y su Gobierno. La portavoz del PP, Mar Vaquero, definió esta decisión como un «teatrillo».

En el Ayuntamiento de Zaragoza, volvió el enfrentamiento político por el ICA, a propósito del estudio encargado al vicerrector de la Universidad de Zaragoza Ismael Jiménez Compaired por el que se abonarán 7.000 euros de dinero público. La oposición, especialmente el socialista Javier Trívez, insistió en que el Gobierno de ZeC ya ha recibido un informe que se debía haber entregado el pasado 31 de diciembre como fecha límite. El responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, replicó que se le han solicitado «aclaraciones» antes de dar cuenta de su contenido. El resto de partidos resaltó que igual es porque no concluye lo que ZeC quiere, por tener ya una posición política tomada.