La ley por la que se regulan los servicios de asesoramiento jurídicos gratuitos de Aragón a mujeres, a inmigrantes y el penitenciario, y que prestarán los colegios de abogados, mantendrá vivas para su debate en el pleno solo cuatro enmiendas tras los acuerdos de los grupos en el 93% de las 109 presentadas.
La ponencia que ha estudiado la ley, a iniciativa del PP, ha concluido sus trabajos con la aprobación del dictamen tras trece meses, y lo ha hecho con un alto grado de consenso respecto a las más de cien enmiendas planteadas por los grupos tras mantener diversas reuniones con los colegios de abogados y con los letrados que prestan estos servicios.
El coordinador de la ponencia y portavoz de Justicia del PP, Fernando Ledesma, ha explicado hoy que la ley, que votará el pleno de las Cortes el próximo jueves, tiene como objetivo integrar en la justicia gratuita los distintos servicios de asesoramiento y orientación jurídicas que se prestan, en concreto a mujeres para luchar contra la discriminación que sufren, sobre todo en el medio rural, y la violencia machista, así como a inmigrantes y la penitenciaria.
La norma persigue la mejor de las prestaciones para estas asesorías evitando que estén al albur de los vaivenes políticos, y por tanto que por ley estén en manos de los colegios de abogados, que son los que tienen mayor cobertura territorial, más letrados especializados y un control deontológico.
Ha recordado, en ese sentido, la incertidumbre que hubo en la primavera de 2016 cuando se tenía que renovar el convenio sobre la asesoría a las mujeres respecto a la continuidad en la prestación de los colegios de abogados y la posible adjudicación a empresas privadas.
A raíz de esas tensiones, el PP presentó una proposición no de ley que ha derivado en este proyecto para que los colegios de abogados sigan prestando estas asesorías, como han hecho durante más de 20 años, al igual que la justicia gratuita.
Ledesma ha explicado que una vez aprobada la ley el Gobierno tendrá que sentarse con los colegios de abogados prever las cantidades necesarias para la prestación de estas asesorías conforme vayan expirando los convenios, e incluir la asesoría penitenciaria que actualmente prestan abogados pero no cuenta con financiación pública.
Solo quedan vivas cuatro enmiendas que plantean abrir la ley a más servicios, ha indicado Ledesma.
