La aplicación de la ley estatal para el desarrollo sostenible en el medio rural está provocando en determinados sectores algunas dudas acerca de su aplicación. De hecho, en algunos casos los criterios que se están utilizando para implantarla han generado diverso malestar por su discrecionalidad. Se han aplicado planes piloto en 13 de las 33 comarcas, a razón de 3,6 millones de euros cada una de las zonas que han entrado en estos programas, que más tarde serán extensibles a todo el territorio aragonés.
El convenio firmado con el Gobierno de España explicita que la Administración central aporta 1,5, igual que la autonómica, y después se incorporaron las comarcas con una aportación de 600.000 euros. Los criterios utilizados para invertir ese dinero suscitan diversas controversias.
Esta ley, destinada a "la diversificación de la actividad económica y la mejora de infraestructuras y equipamientos públicos, a los de prestación de servicios sociales básicos y el logro de una calidad ambiental en el medio rural" se empieza a aplicar de forma experimental en 13 de las 33 comarcas aragonesas. Estos son algunos de los aspectos que despiertan recelos.
Algunas entidades comarcales están molestas porque consideran que se incumple el espíritu que subyace explícitamente en la ley, y que consiste en "fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los programas de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso a la información". Muchos colectivos sociales y agrarios no han participado, aunque hay excepciones, como en el Sobrarbe-Ribagorza o en la Jacetania.
Según denuncian algunas entidades y partidos políticos como CHA, no se ha cumplido salvo en contadas ocasiones, como ocurrió hace dos semanas en la Jacetania. En ella, el consejero Alfredo Boné se reunió con diversos sectores de la comarca, o en la Ribagorza, pero no ha sido así en otra comarcas, donde muchas entidades se han enterado de la entrega de estas ayudas tras aparecer recientemente en el BOA.
La ley estatal establece la creación de un consejo que controlará y estudiará el modo de destinar esas ayudas. En ese consejo tienen que estar representadas todas las administraciones. El primer convenio firmado afectaba a cinco comarcas aragonesas y en ellas aparecía, además del Ministerio de Medio Ambiente, las diputaciones y los consejos comarcales implicados, los Departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Sin embargo, en la firma del segundo convenio, que afectó a otras ocho comarcas, el Departamento de Agricultura que dirige Gonzalo Arguilé dejó de aparecer. En una respuesta parlamentaria remitida a CHA, el propio Arguilé asegura: "En relación con otras comarcas, el Departamento de Agricultura y Alimentación no tiene previstas actuaciones, por lo que no ha participado en la tramitación de los convenios, por lo que no dispone de más información.
Desde entonces, solo Medio Ambiente ha participado en la confección de estos planes. Tanto el consejero, Alfredo Boné, como el viceconsejero Luis Marruedo o la directora general de Desarrollo Rural, el valor en alza del PAR en la provincia de Huesca Anabel Lasheras, han trabajado en estos planes piloto. Estos acuerdos se firmaron en diciembre del 2009. En todos los casos, los representantes comarcales son exclusivamente del PSOE y el PAR, incluso en aquellas comarcas en las que este último partido no forma parte del equipo de gobierno.
Aunque la ley estatal indica explícitamente que su objeto es el desarrollo rural y la inversión en proyectos que fijen empleo y garanticen el mantenimiento de la población con inversiones de interés general, la realidad es que en muchos casos la filosofía de esta ley se ha quedado en una especie de segundo plan E. Así, en lugar de invertir en proyectos con visión de futuro y destinados a que la comarca los consensuara, se ha optado por invertir directamente en municipios para obras que ya se realizan con otros planes. Desde frontones, a depósitos de agua, locales sociales, arreglos de calles, pabellones multiusos o reparaciones viarias. Obras necesarias pero que chocan con la filosofía de la ley de desarrollo rural, la 45/2007. Otras, más discutibles, como la ayuda a un centro de interpretación de la vida de San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Algunos han querido ver en la elección de estas inversiones intereses partidistas. De hecho, en algunas reuniones han intervenido incluso responsables orgánicos del PAR que no tienen funciones en el Ejecutivo. En su descargo, la ley también prevé que se acometan obras concretas en algún pueblo, aunque en este caso de forma menos prioritaria.
¿Cómo se han elegido las primeras comarcas beneficiarias? La ley comprende tres niveles según el grado de desarrollo de las mismas. El A, para revitalizar, son 15. El B son para las intermedias y hay 7, y el C son las periurbanas y con menos problemas, y son 11. Aunque siempre hay que empezar por algún lado, de las 13 comarcas con planes piloto solo siete pertenecen al nivel más necesitado (Monegros, Belchite, Gúdar-Javalambre, Matarraña, Sobrarbre-Ribagorza, Maestrazgo y Cuencas Mineras). En algunos casos, como el Somontano de Barbastro, se ha dado dinero para inversiones en la propia capital comarcal, una de las ciudades aragonesas con menos necesidades de este tipo.
Las Cortes de Aragón, hace cinco meses, instaron al Gobierno de Aragón en una propuesta de resolución para que los planes piloto se extendieran "a todo el territorio de la comunidad autónoma", impulsando especialmente "inversiones en energías limpias y las actuaciones que contribuyan a vertebrar y crear empleo en el territorio".
Esta situación ha llegado a la actividad parlamentaria. Chunta Aragonesista ha preguntado hasta en 14 ocasiones por el asunto, recibiendo la información pertinente. Ahora acaba de presentar varias iniciativas para que se debatan en las Cortes de Aragón. Así, el diputado nacionalista, Bizén Fuster, ha presentado una interpelación al consejero de Medio Ambiente, así como sendas peticiones de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el pleno y del consejero de Agricultura ante la Comisión Agraria de la cámara autonómica.
