El proyecto de ley de centros de ocio de alta capacidad, concebido para dar respuesta al macrocomplejo de ocio y juego Gran Scala que International Leasure Development (ILD) quiere instalar en los Monegros, exigirá que los promotores de una actuación de este tipo dispongan de un capital social de unos diez millones de euros y que entreguen un aval. Además, establecerá unos mínimos --de tamaño, puestos de trabajo y plazas hoteleras-- que tendrán que cumplir quienes quieran acogerse a esta ley y lanzar una iniciativa de estas características.
El texto será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 7 de abril y estas cifras son revisables, porque la coalición PSOE-PAR tiene especial interés en pactarlo con la mayoría de grupos posible en las Cortes.
El Ejecutivo ultima estos días el proyecto de ley que enviará al Parlamento autónomo. De hecho, en su reunión quincenal de ayer acordó remitirlo a los servicios jurídicos de la DGA para que realicen el correspondiente y preceptivo informe, que estará listo entre esta semana y la próxima. Una vez revisado, se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo 7 de abril. Así lo explicó el vicepresidente y portavoz, José Ángel Biel, quien subrayó que esta no es una ley para Gran Scala, pero admitió que --en este caso-- el derecho "ha ido por delante del derecho" y ha sido necesario legislar sobre una materia no regulada porque se presentó esta iniciativa empresarial.
Aunque quiso insistir en que los preceptos establecidos en el proyecto de ley pueden cambiar durante la tramitación parlamentaria, comentó que --como punto de partida para el debate-- se establece una serie de garantías, entre ellas, la determinación del capital social que deben tener los promotores de un centro de ocio de alta capacidad, que el texto fija, inicialmente, en diez millones de euros, y la exigencia de que depositen un aval. El capital social de ILD era notablemente inferior a esa cantidad, aunque la empresa anunció el año pasado ampliaciones del mismo.
MÁS EXIGENCIAS Además, comentó otras exigencias que se pondrán a los promotores de uno de estos centros: deben tener como mínimo 1.000 hectáreas, generar 3.000 empleos y ofertar 8.000 plazas hoteleras. La ley regulará desde el horario (que será específico para estas instalaciones de alta capacidad) hasta el hecho de que las máquinas de juego sean comprensibles en dos idiomas. En total, más de 40 artículos.
José Ángel Biel habló igualmente de la previsión del proyecto de ley de crear un consorcio para coordinar la actuación pública en este tipo de iniciativas, dado su carácter supramunicipal; consorcio del que formarán parte distintas administraciones, incluidas las comarcas (Bajo Cinca y Monegros en el caso de Gran Scala), los ayuntamientos y los departamentos autonómicos correspondientes.
Biel confió en que el proyecto de ley supere cuanto antes el trámite parlamentario (en su opinión, podría estar publicada en el BOE antes del verano), y repitió la intención del PSOE-PAR de buscar el máximo consenso político posible. Por eso, señaló que las condiciones diseñadas por el Gobierno podrían variar, en función de cómo se desarrolle la negociación con el resto de grupos parlamentarios.
Esta ley es necesaria para que ILD pueda avanzar en su pretensión de construir Gran Scala, después de haber firmado decenas de opciones de compra de suelo en Ontiñena por cerca de mil hectáreas.
