No hubo el apoyo mayoritario que el PSOE y el PAR deseaban para la conocida como ley de Gran Scala. Pese a que parecía que la mayor parte del texto iba a recibir el visto bueno del PP, los informes de los servicios jurídicos de las Cortes conocidos en los últimos días hicieron que los conservadores cambiaran de idea y optaran, mayoritariamente, por abstenerse. Solo dieron el sí a 7 artículos (de 44) y a una disposición adicional. La ley salió adelante con el respaldo de los socios de Gobierno y entrará en vigor en unos días, en cuanto sea publicada en el BOA. Entonces, los promotores del macrocomplejo de ocio y juego de los Monegros podrán comenzar su tramitación.
Han sido apenas dos meses y medio de tramitación parlamentaria, pues el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad (COAC) fue aprobado por el Ejecutivo autónomo a mediados de abril. Este texto establece las condiciones para promover en Aragón complejos como el de Gran Scala. Entre otras cosas, exige una superficie mínima de mil hectáreas y la creación de 3.000 empleos y 8.000 plazas hoteleras. Además, obliga a los promotores a pagar dos avales (de tres y seis millones de euros) en sendos momentos de la tramitación y les reclama unos trámites para los proyectos que llegan casi al nivel de detalle de un plan general.
Ha sido estos últimos días, cuando se ha constituido la ponencia de debate en las Cortes, cuando ha aumentado la polémica, porque un informe jurídico del Parlamento ponía en duda la constitucionalidad de algunos puntos del texto. Un hecho nada infrecuente en la Cámara (se ha dudado de la constitucionalidad de otros muchos textos), pero que en este caso ha levantado una fuerte polvareda política. Un segundo informe, requerido a la Letrada Mayor, ha ratificado el primero y ha recordado que las decisiones políticas deben estar por encima de las técnicas.
Un hecho que en otras leyes no ha sido relevante sí ha influido en esta, porque ha impedido lograr el objetivo del PSOE-PAR de que el texto tuviera una gran mayoría en las Cortes (que contara con 62 de los 67 votos). Objetivo ampliamente reiterado por el vicepresidente, José Ángel Biel.
Pese al acuerdo inicial de PSOE y PAR con el PP, el contenido de los citados informes ha hecho que los conservadores cambiaran de postura, como reconoció durante el pleno Eloy Suárez, portavoz del grupo. El PP respaldó 8 artículos y disposiciones, rechazó 11 y se abstuvo en 32. El argumento: un proyecto como el de Gran Scala es necesario, pero una ley que se ha hecho demasiado deprisa y sin tiempo a resolver las dudas de constitucionalidad no es la mejor manera de instrumentarlo. "Solo importa que el proyecto (Gran Scala) no descarrile porque aquí se han hecho las cosas mal", afirmó Suárez.
El socialista José Ramón Ibáñez lamentó que se intente "responsabilizar a los servicios jurídicos de la Cámara" de la decisión que toma un grupo. Y el aragonesista Javier Callau subrayó que ante una ley "no caben dudas y sí diferentes interpretaciones". Y en este caso hay "una opinión de incertidumbre frente a informes que plantean lo contrario".
Chesús Yuste (CHA) y Adolfo Barrena (IU) lamentaron que saliera adelante una ley para sustentar un modelo que no comparten. Barrena fue duro. "Esta ley garantizará en Aragón la existencia de guantánamos territoriales", afirmó. "Vaya negocio que han hecho", les dijo a PSOE y a PAR a la vista del voto del PP. Y Yuste denunció que su velocidad "supersónica" no se aplique para cuestiones más importantes.
