El Gobierno de Aragón prevé remitir a las Cortes la Ley de Memoria Democrática antes del verano. Con este propósito trabaja ya en un primer borrador una comisión que será objeto, en el plazo de mes y medio, de un proceso participativo. Según informaron desde el Ejecutivo autonómico, constará de reuniones con asociaciones vinculadas a la recuperación de la Memoria Histórica y estará abierto a la participación online, dentro del portal de Transparencia de las Cortes.

La comisión la conforman miembros de Presidencia y de Educación, Cultura y Deporte y expertos del tema. Su objetivo pasa por tener listo en marzo un primer documento de partida para, posteriormente y a través de este proceso participativo, recabar y dar cabida a sensibilidades y opiniones en un campo tan amplio como es el de la memoria democrática.

Para iniciar la elaboración del borrador, miembros de la comisión han estudiado las características de la ley vigente en Navarra y el proyecto de ley pendiente de aprobar en Andalucía y se han establecido contactos con redactores y gestores del área en estas y otras comunidades autónomas.

No obstante, trabaja desde la convicción de que es preciso elaborar una ley que atienda a la idiosincrasia particular y a las necesidades específicas de Aragón.

Tras los procesos de alegaciones y de participación pública, la intención del Gobierno es poder presentar un proyecto de ley a las Cortes de Aragón antes del verano, una vez superado el trámite de su paso por el Consejo de Gobierno.

JUSTICIA

El objetivo es que la ley perdure por encima de vaivenes políticos, según explicadon desde la comisión, y que sea «realista y práctica» atendiendo al marco legal aragonés y competencial, además de que técnica y jurídicamente sea aplicable para atender a su fin, que no es otro que el de fomentar y asentar en la sociedad «una memoria democrática madura, inclusiva y crítica hacia cualquier forma de exclusión y violencia, a partir del compromiso con los principios de «verdad, reparación, justicia y garantía de no repetición».

El Gobierno de Aragón destaca que el derecho a acceder a la verdad contempla un abanico de medidas que el Ejecutivo puede implementar para facilitar el acceso a la información por parte de interesados e investigadores, desde las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de la documentación que todavía puede aportar valiosa información.

La reparación, añaden, ha de incluir cuestiones como la creación y gestión de los lugares de memoria o la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito a la dictadura franquista.

Para el Ejecutivo, el principio de justicia debe acompañar todas las políticas públicas de memoria.