La que está considerada como la primera gran ley de carácter social de la presente legislatura superó ayer con unanimidad su debate y votación en las Cortes de Aragón. A partir de su publicación en el BOA los aragoneses que no puedan afrontar el pago del gas, el agua o la luz ya no sufrirán cortes en el suministro por parte de las empresas. El diputado de Podemos, Nacho Escartín, coordinador de la ponencia, señaló que esta norma permitirá garantizar unos servicios básicos para más de 7.200 familias en situación de pobreza en la comunidad.

La norma fue considerada como «un paso histórico en el reconocimiento de derechos sociales» ya que Aragón será la primera comunidad con un reglamento de este tipo. Escartín también manifestó que en su redacción se ha tenido especialmente en cuenta no sobrepasar las competencias autonómicas para evitar futuros varapalos judiciales. Por el momento se garantiza que las propias energéticas sean las que informen a los ciudadanos de la posibilidad de optar a estas ayudas que ofrece el Gobierno de Aragón, para las que inicialmente se estima un coste de 3,3 millones de euros.

Una de las principales dificultades de la ley ha sido definir el concepto de pobreza energética, que permite establecer qué familias pueden ser beneficiarias de estas ayudas. Finalmente, se ha cogido como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que está en 532 euros brutos al mes. Aquellos hogares que ingresen hasta dos veces el IPREM al mes se considera que son vulnerables.

Los grupos parlamentarios manifestaron ayer su voluntad de alcanzar futuros consensos para trabajar en las dos leyes de calado que todavía están pendientes. En el próximo pleno se abordará la llamada emergencia social y posiblemente el próximo año la de renta básica. La diputada del PP, Dolores Serrat, indicó que el «amplio grado de acuerdo» debería ser «la tónica general» en los debates en las Cortes de Aragón.

Por su parte, la portavoz de IU, Patricia Luquin, lamentó que a pesar de todo el texto no hubiera entrado «en la raíz del problema» que tiene que ver con los «beneficios abusivos» de las compañías energéticas. Según algunos cálculos el encarecimiento de las tarifas en los últimos años ronda el 80%.

Para Desiré Pescador (Ciudadanos) y Jesús Guerrero (PAR), una forma de bregar contra la pobreza energética son las «políticas activas de empleo».