El apoyo a una ley integral de reconocimiento a los derechos de las personas transexuales concitó también el apoyo unánime de todos los grupos de las Cortes, que aprobaron instar al Ejecutivo autonómico a promover una norma en este sentido. Defendida por la diputada socialista Lorena Canales, la iniciativa se basa en las peticiones que varias asociaciones de transexuales y de padres de niños transexuales realizaron a los grupos para lograr el fin de la discriminación.
Así, en la proposición se especifica que el texto normativo debe reconocer el derecho a la autodeterminación del género y la creación de un servicio exclusivo de atención a la transexualidad donde se promuevan políticas de inserción laboral, circuitos de atención sanitaria, promoción de la salud, contra la transfobia y seguimiento de calidad de los servicios.
También que se considere a estas personas como un grupo en riesgo de exclusión social, garantizándose el acceso a los planes específicos y a políticas de discriminación positiva y que la transexualidad e intersexualidad se consideren parte de la diversidad del ser humano en el currículo educativo. El texto deberá reconocer el derecho de los transexuales menores a poder desarrollar libremente su personalidad en los colegios.
Además del derecho a recibir asistencia sanitaria específica, incluyendo el tratamiento hormonal y de reconstrucción genital y a utilizar el nombre y género con el que se identifican en su relación con las administraciones públicas aragonesas. Las portavoces de los cinco grupos mostraron su sensibilidad con los transexuales aragoneses y aunque coincidieron en que no habrá tiempo en esta legislatura de promulgar la ley, la popular Marián Orós aseguró que debe ser una prioridad tras las elecciones. Lorena Canales (PSOE), Patricia Luquin (IU), María Herrero (PAR) y Carmen Martínez (CHA), además de Orós, hicieron historia ayer al participar en el debate que propició el acuerdo.
