La ley de lenguas ha sido analizada al milímetro. Con lupa. Y a partir de ahí, cada grupo político, sobre todo el PP, ha intentado utilizar la regulación en beneficio propio. Pese a las interpretaciones malévolas de algunos, el texto, ante todo, protege una parte de la cultura de la comunidad, ignorada durante años. Ni se obliga a nadie a hablar catalán o aragonés si no quiere, ni pretende hacer oficiales estas lenguas. En este sentido, se queda por detrás de anteriores dictámenes, mucho más ambiciosos. Pero con el actual clima político, el PSOE no se ha atrevido a ir más lejos.

1. ¿Son aragonés catalán lenguas cooficiales?

No. En el artículo 2, uno de los más polémicos de la ley de lenguas, sobre todo por las posturas contrarias del PP y el PAR a la cooficialidad y la denominación, se establece que el aragonés y el catalán son lenguas propias e históricas de nuestra comunidad autónoma. El castellano, dice el mismo artículo 2 en su primer punto, es la lengua oficial de Aragón. El PSOE se ha negado a la cooficialidad desde el principio.

2. ¿Quién decide la denominación de modalidades?

El artículo 2 bis, introducido por el PAR, establece que "los ayuntamientos de las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas propias de Aragón podrán, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno, proponer al consejo superior de las lenguas la denominación lingüística, fundamentada en razones históricas, filológicas y sociolingüísticas".

3. ¿Para qué servirá el consejo superior de las lenguas?

Fundamentalmente establecerá las políticas lingüísticas del Gobierno de Aragón. De alguna manera será el encargado de velar por las lenguas de la comunidad. Estará formado por 15 miembros entre filólogos, juristas, sociólogos, destacadas personalidades de las letras, la enseñanza o la investigación. Serán nombrados por el presidente de Aragón, a propuesta de las Cortes, Gobierno y Universidad de Zaragoza.

4. ¿La Academia del catalán dependerá de Cataluña?

No. Será un órgano independiente. Aunque no se descarta que tenga alguna vinculación, pero no será una filial, como se había apuntado en un primer momento, como sucede en otras comunidad como Baleares. Su función, como la Academia del aragonés, será establecer las normas referidas al uso correcto cada una de las lenguas propias, teniendo en cuanta las variedades autóctonas de la comunidad.

5. ¿Será posible dirigirse en catalán al consistorio de Zaragoza?

No. Solo se podrá hacer en las zonas de uso histórico predominante. Aunque sí existirá la posibilidad de realizar propuestas a las Cortes o al Justicia de Aragón en ambas lenguas y el Parlamento tendrá la obligación de responder en ese mismo idioma. Los ciudadanos de las comarcas aragonesas en las que no se hable ni aragonés ni catalán no notarán la aplicación de la ley de lenguas a efectos prácticos.

6. ¿Se enseñará catalán y aragonés de forma obligatoria en Aragón?

Ni mucho menos. Solo en los centros ubicados en las zonas de uso histórico predominante. Y ni siquiera tendrá un carácter obligatorio, sino voluntario. Eso sí, el catalán y el aragonés se incorporarán al currículo en todos los niveles y etapas de la enseñanza. La universidad, por su parte, deberá incorporar las especialidades de Filología catalana y aragonesa. Además, se promoverá la elaboración de materiales didácticos en ambas lenguas.

7. ¿Habrá informativos en aragonés y catalán?

Complicado, por no decir imposible. En la ley se dice que se deberán reservar espacios para ambas lenguas. Y no serán los informativos, que van destinados a toda la población. Otra cosa es que se haga un resumen en catalán y aragonés de todas las noticias, como sucede en otras comunidades autónomas como Navarra. Es decir que lo que tanto indigna en el PP ya se hace en otras regiones, que viven con menos complejos su diversidad y también riqueza lingüística.

8. ¿Cuándo se aplicará la ley de lenguas en Aragón?

Entrará en vigor en un mes, pero su aplicación tardará tiempo. Habrá que ver cómo se articula todo el proceso que prevé crear el consejo y las dos academias. A pesar de la polémica es una norma que afectará a un porcentaje pequeño de la población, cuya lengua ha sido ignorada durante años. Pese a lo que digan los partidos conservadores, la norma no prevé en su articulado obligar a nadie a hablar en catalán en la plaza del Pilar, ni siquiera a ofrecer misas en aragonés.