El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha decretado hoy la libertad con cargos para los últimos cinco farmacéuticos detenidos en Zaragoza por presuntas irregularidades en la venta de medicinas desde sus establecimientos.
Los detenidos, acusados de sendos delitos contra la salud pública, estafa y falsedad, han prestado declaración a lo largo de esta mañana en la capital turolense, junto a una sexta persona imputada en este caso y que no estaba detenida, que también ha quedado en libertad.
Según han informado fuentes judiciales, han prestado declaración ante el juez turolense que investiga esta presunta estafa José Antonio O.O., Raquel A.A., Fernando S.P., Ana S.M., Domingo A.B., y Carlos A.B
A las puertas del juzgado, Carmen Cifuentes, abogada de dos de los detenidos, que son hermanos, ha mostrado su satisfacción por la puesta en libertad y ha anunciado su intención de solicitar el próximo lunes el desprecinto de la farmacia de sus clientes.
Como otros letrados de este caso, ha reiterado que desconoce "el contenido de las actuaciones; no sabemos el nivel de implicación o los hechos que se imputan a cada uno", ya que continúa el secreto de la investigación decretado por el juez.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Teruel ha resuelto esta mañana dejar en libertad a Juan Francisco A.C. y Amparo A.G., dos farmacéuticos que permanecían en prisión preventiva por esta investigación y que habían presentado sendos recursos ante el tribunal solicitando que se revocase la prisión.
Por las declaraciones de los abogados defensores y lo que ha trascendido del caso, el juzgado está investigando si las farmacias aragonesas habrían vendido medicamentos a grandes almacenes que los destinarían a la exportación.
Esta práctica no se ajustaría a la legalidad, puesto que los farmacéuticos adquieren los medicamentos a un precio más bajo al estar destinados a particulares y se venderían más caros en el extranjero.
Aunque los hechos que ahora investiga el juez no serían de la misma naturaleza, las presuntas irregularidades en las farmacias se destaparon en mayo con la operación Pharmakon, en la que se detuvo a la farmacéutica de Palomar de Arroyos (Teruel), acusada de cobrar medicamentos del Servicio Aragonés de Salud y al mismo tiempo revenderlos en una parafarmacia valenciana.
Desde entonces, el juez ha tomado declaración como imputados a varios boticarios de las provincias de Teruel y Zaragoza, así como a empleados de almacenes de medicamentos de Granada, Tarragona y Barcelona.
