El Gobierno de Zaragoza da el primer paso para estudiar la remunicipalización de un servicio ahora externalizado por el ayuntamiento. El primero de la lista de Zaragoza en Común (ZeC) podría acabar siendo el servicio de atención telefónica 010, después de que el pasado jueves se decidiera, vía decreto, paralizar el concurso público por el que se iba a adjudicar la gestión para los próximos dos años. No se trata de uno de los grandes contratos en cuanto a cuantía económica -poco más de 400.000 euros al año-, ni de los que cuentan con un mayor número de trabajadores en nómina, solo 13 empleadas en la actualidad, pero puede acabar siendo la primera muestra de que se puede asumir.

La decisión se adoptó el mismo día en el que el alcalde, Pedro Santisteve, confirmaba su estructura de Gobierno con cinco grandes áreas. Y ya es significativo que una de las primeras decisiones del responsable de la nueva área de Servicios Públicos y Régimen Interior, Alberto Cubero, sea parar una licitación que estaba a punto de resolverse.

TAMBIÉN PUNTOS LIMPIOS

El plazo para la presentación de ofertas finalizó el pasado 28 de mayo, apenas cuatro días después de las elecciones municipales. El Gobierno anterior, del PSOE, había decidido sacar a concurso el contrato en marzo, cuando lleva más de un año prorrogado porque la vigencia del anterior ya se había extinguido.

Ahora ZeC quiere darle una vuelta a la mejor fórmula de gestión, a modo de prueba piloto o de ejemplo para las que vendrán después. De hecho, el siguiente servicio que podría analizarse es el de los puntos limpios.

En el caso del 010 la duda es si un servicio como este, valorado en casi 850.000 euros por dos años, prorrogables a otros dos, se puede gestionar desde lo público. No con medios propios, sino con la subrogación directa de las trece trabajadoras y su contratación como personal laboral. En este caso, la urgencia la marcaban los plazos del concurso. Había que tomar una decisión política y esta fue la de ZeC, que confía en revisar las condiciones laborales de una plantilla que percibe unos mil euros al mes con pagas prorrateadas por parte de una empresa que solo pone auriculares y material fungible. Las dependencias que ocupan y el material informático corren por cuenta del ayuntamiento.