Para Aragón, la súbita aparición de un lobo en su territorio es una situación nueva. La especie parecía extinguida en las tres provincias y los recientes ataques de una bestia salvaje a rebaños en la comarca de Monegros han cogido descolocado a todo el mundo. A ganaderos, administraciones y ecologistas. Hasta el punto de que la comunidad necesita dotarse de inmediato de normas que sirvan de modelo de actuación si se registran incidencias y regulen aspectos como la protección de la ganadería y el pago de indemnizaciones por daños.
Todo está más o menos por hacer. Pero varias comunidades españolas pueden servir de referencia a los legisladores aragoneses por la sencilla razón de que hace años que conviven con los problemas y ventajas que genera la presencia de lobos en sus montes. Este es el caso de Castilla y León, Asturias y, en menor medida, Cataluña. Cada una de ellas posee su propio sistema de gestión, adaptado a sus características, y Aragón no pierde nada si los estudia e incorpora a su normativa los elementos que considere válidos y aplicables.
En Castilla y León, la comunidad con mayor número de ejemplares (1.600 en 179 manadas, según un censo oficial), la Junta ha establecido dos zonas. Al norte del Duero, se pueden cazar lobos, mientras que al sur de esa frontera natural está prohibido. La región se rige desde hace varios años por el Plan de Conservación y Gestión del Lobo, que fue modificado en el 2016.
COMPENSACIONES
En el mismo se recoge que «el principal problema» para su preservación es «la conflictividad que genera por los perjuicios producidos a la ganadería extensiva». «Los daños son muy considerables», explica una fuente de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Por eso, explica, se ha habilitado un sistema ágil para el pago de indemnizaciones y del lucro cesante en la zona de protección, un proceso que «viene a durar entre 15 y 18 días» desde que se introdujeron los últimos cambios en la normativa. Por término medio, el plazo del cobro es de 23 días desde la presentación de la solicitud.
En los cuatro primeros meses de este año, los ataques del lobo han supuesto la pérdida de 680 cabezas de ganado, que se concentran en su mayoría en Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia. En el mismo periodo del 2016, las bajas fueron 814, lo que supone un descenso superior al 16%.
El pago de compensaciones a los ganaderos afectados resulta oneroso a las arcas públicas castellanoleonesas. En once meses, desde el 31 de mayo del 2016 hasta el 30 de abril del 2017, se abonaron 574.422 euros, correspondientes a 1.921 cabezas de ganado muertas, entre ovino y vacuno.
La legislación de Castilla y León guarda un equilibrio entre la protección y el control de la población lobuna. Al norte del Duero, una zona cinegética, se fijan cupos de caza por comarcas que, con carácter general, no pueden superar el 10% de los ejemplares censados. Solo en situaciones de daño extremo a la ganadería se puede llegar hasta el 18%. En el sur del Duero, en cambio, amparada por la Directiva Hábitats de la Unión Europea (UE), solo la Administración puede autorizar de forma excepcional acciones de control. Las batidas se dan además bajo su estricta supervisión.
En el Principado de Asturias, la materia se rige por una normativa general que se estrenó en el 2002 (en la actualidad el II Plan de Gestión del Lobo) y un programa que se renueva año a año. En estos momentos, en la comunidad norteña viven alrededor de 38 manadas o grupos familiares de lobos, cada una de ellas compuesta por entre cinco y 10 individuos. «Lo fundamental es que en el Principado el lobo no es una especie cinegética», subraya una portavoz de la Consejería de Desarrollo Rural. «Aquí consideramos que no se debe permitir su caza, pues esa medida no es la solución del problema», añade. En cualquier caso, esporádicamente, se autorizan batidas reguladas y supervisadas siempre por guardas del medio natural.
Esa protección casi a ultranza tiene un precio y en el año 2016 el Gobierno del Principado de Asturias abonó 745.590 euros por los daños causados por el lobo. Sin embargo, las estadísticas muestran que las pérdidas registran una acusada tendencia a la baja, pues en el último lustro los expedientes abiertos por ataques descendieron un 21% y los pagos, un 28%.
PROGRAMAS ANUALES // El plan de gestión del lobo en Asturias es muy minucioso. Contempla siete áreas geográficas de protección, cada una con sus especificidades. En la actualidad, la política respecto a los cánidos se basa en plan del bienio 2017-2018, que estipula que se podrá abatir un cupo máximo de 45 ejemplares.
En Asturias, al igual que en Castilla y León, los poderes públicos potencian la faceta turística del lobo. Su observación atrae a un público cada vez mas numeroso y se convierte en un recurso para los pueblos de montaña.
Por eso ambas comunidades pueden servir de ejemplo a Aragón, que ahora inicia la andadura para dotarse de medios legales con los que proteger al lobo sin que prolifere más de lo razonable.
