El Gobierno de Aragón recibió ayer un contundente mensaje por parte de la plana mayor de la oposición política de la comunidad y de los numerosos colectivos que rechazan la reforma de la administración local, tal y como la plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Convocadas por la Plataforma de Alcaldes en Defensa del Medio Rural, varias decenas de personas se concentraron ante las puertas del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede de la DGA, para pedir al Gobierno de Rudi que "se posicione contra" el polémico anteproyecto.
La plataforma, compuesta por alcaldes de 221 municipios de todos los partidos salvo del PP, hizo coincidir el acto con el trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales, y exigió "la retirada urgente del borrador de la reforma".
Así se denuncia en el manifiesto que leyó la presidenta de la Asociación de Entidades Locales Menores de Aragón, Raquel Alamán. En él, se advierte de que, "el texto planteado pone en serio riesgo la supervivencia del medio rural, al no tener en cuenta la realidad territorial y demográfica de Aragón, y del Estado".
FALACIA Alamán, que tildó de "falacia" el supuesto ahorro en cargos y sueldos, recordó que "la plataforma no admite que se señale a los pequeños ayuntamientos y a las entidades locales menores --no superan el 4% de la deuda pública estatal-- como culpables del déficit público". Según ella, "son estos los que mejor están cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera".
Se alertó asimismo del "ataque directo" que para el mundo rural, la autonomía local e incluso el Estatuto de Autonomía de Aragón suponen los planes del Ejecutivo de Rajoy, que da "pasos hacia la privatización de los servicios públicos, con su consiguiente deterioro o supresión". En esa línea se pronunciaron también el teniente de alcalde Ejulve, José Manuel Moreno, nacido justo en 1979; el representante de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García; el exdirector general de Participación Ciudadana y profesor de instituto, Nacho Celaya; y el presidente de Fapar, Juan Ballarín.
Antes, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz (PSOE), dijo que "si a los ciudadanos no les das alicientes y servicios para tomar la decisión valiente de querer vivir en sus pueblos, están abocados a la desaparición". El de Longares, Miguel Jaime (CHA), calificó de "inconstitucional" la reforma, mientras la de Andorra, Sofía Ciércoles (IU), lamentó que "ya no contamos con una financiación local adecuada para los servicios que ofrecemos".
Estuvieron también diputados nacionales, autonómicos, provinciales y ediles de numerosos ayuntamientos, incluidos los de las tres capitales --el alcalde de Zaragoza no acudió por, según fuentes municipales, encontrarse fuera de la ciudad en unas vacaciones ya programadas--. Con ellos, los principales responsables de PSOE, CHA e IU.
El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, fue el encargado de dar la réplica señalando que las quejas son "precipitadas", porque "lo que hay es un anteproyecto que tiene un largo recorrido y habrá un debate importante de aspectos a mejorar". "De hecho --recordó Suárez--, ya remitimos alegaciones al ministerio".
