Los alcaldes de los pueblos que han sufrido los efectos de la última crecida del Ebro clamaron ayer por que se limpie el cauce del río, pidieron que la calificación de las avenidas pase de ordinaria a extraordinaria en función de la altura y no del volumen de agua, y acordaron solicitar una reunión inmediata con la presidenta del Gobierno de Aragón, con el fin de recabar el apoyo de Luisa Fernanda Rudi a sus reivindicaciones.

Lo hicieron en la reunión que una veintena de ediles mantuvo en la sede de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP), en Zaragoza, donde ya se constituyó en el 2009 la Comisión de Alcaldes Afectados por el Río Ebro, que suscribió un listado de propuestas para evitar los daños producidos por las inundaciones. Al margen de colores políticos --estaban representados PP, PSOE, PAR y CHA--, a la llamada de la FAMP acudieron los responsables de ayuntamientos tanto de.la Ribera Alta como de la Ribera Baja, e incluso se cursó invitación a algún municipio navarro, como Cortes, si bien finalmente ningún representante estuvo presente en el encuentro.

A LAS CORTES Los alcaldes también acordaron secundar la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por las Inundaciones, que lideran las organizaciones agrarias, mañana, a las 11.30 horas, ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). A falta de que el documento obtenga el refrendo de los respectivos plenos de todos los consistorios ribereños, los responsables municipales pactaron asimismo remitir el texto a los grupos políticos en las Cortes de Aragón.

Quieren que los parlamentarios presionen a las distintas administraciones involucradas en la gestión de la cuenca, para que se rebajen las "rígidas" leyes medioambientales, que, a su juicio y como ocurre con los espacios protegidos por la Red Natura 2000, impiden la ejecución de los dragados que reivindican. A la CHE le piden que ejecute los "proyectos pendientes", previa limpieza de, al menos, los "puntos estratégicos" en el cauce.

Durante la reunión, hablaron casi todos los alcaldes presentes. "Es solo de cuestión de voluntad política", dijo, por ejemplo, el de Utebo, Miguel Dalmau. La de Pina, María Teresa Martínez, se preguntó por qué resulta tan difícil modificar una normativa relacionada con el medio ambiente, "cuando por otros motivos se ha podido cambiar hasta la Constitución". El primer edil de Gallur, Antonio Liz, reclamó "líneas de ayudas específicas" para situaciones como las que han vivido los pueblos.

Sin excepción, coincidieron, además, en que, pese a que la avenida está calificada como "ordinaria", pues no ha superado los 2.000 metros cúbicos por segundo, ha inundado en cambio más hectáreas de superficie --bien por rebose, bien por filtraciones-- que en anteriores crecidas, incluidas las extraordinarias. Según los sindicatos agrarios, el agua ha anegado más de 9.000 hectáreas de campos, además de los daños causados en infraestructuras agrarias y ganaderas. Las estimaciones de estas organizaciones hablan de entre 10 y 15 millones de euros en pérdidas, que no en todos los casos pagan los seguros.

Mientras, los municipios afectados tratan de recuperar la normalidad, aunque mantienen aún mucha superficie bajo el agua. Además, entre los vecinos y agricultores existe el temor de que algunas motas no aguanten ante la presión del agua. En pueblos de la Ribera Alta, como en Boquiñeni, existen zonas inundadas desde hace diez días. La presencia de las motas, por otra parte, es lo que hace más difícil el desalojo del agua que, en la mayoría de los casos, se ha ido filtrando a través de la capa freática del terreno.