Los registradores de la propiedad celebraron esta semana en Zaragoza la tercera asamblea de su historia, la primera en 25 años, en la que trataron de varias cuestiones de funcionamiento interno, pero fundamentalmente sobre la asunción de las funciones del Registro Civil que ha propuesto el ministro Gallardón. Era la ponencia "mollar", como explica el registrador madrileño Pablo Durán, y de hecho la que motivó la celebración de la asamblea.

Según explicó Durán, un sector crítico de la profesión forzó la celebración de esta asamblea, pese a las reticencias de la Junta de Gobierno del Colegio, básicamente por dos razones: la "arrogancia" de un borrador de ley que les atribuye las competencias sin consultarles --"ni a los jueces, ni a los notarios"-- y el rechazo social que han empezado a despertar, al considerar la sociedad que el servicio se privatiza y se deja en manos de los amigos de Rajoy, por compartir su profesión. "Nosotros no lo pedimos, no queríamos invadir las competencias de nadie, y queríamos explicarlo tanto a los políticos como a la sociedad", expuso Durán.

Rechazo general

Los impulsores de la asamblea lograron reunir el quorum necesario para celebrarla, un tercio de los colegiados (más de 400), en segunda convocatoria. Y consiguieron que se aprobara como postura colegial, con un 75% de los votos, el rechazo al borrador.

Pese a los motivos expuestos del rechazo, Durán admite que un sector más o menos amplio de la profesión estaba relativamente satisfecho con el proyecto de ley y, por ende, no eran partidarios de la asamblea. De hecho, según fuentes del sector crítico, "se emplearon a fondo" para que no se celebrase, aprovechando la relación paternofilial entre preparadores de oposición y alumnos para persuadirles de no acudir. No lo consiguieron.

Los críticos ganaron, pero fue una victoria moderada. Como explica Durán, no fue una negativa, "somos más dóciles en ese sentido". Si el Gobierno lo ordena, asumirán el servicio --"al fin y al cabo somos funcionarios"--, pero elaboraron una serie de peticiones para ello. Entre otras, un periodo de vacatio legis para preparar la llevanza, que en principio debería entrar en vigor el año que viene. También una partida económica para la adaptación, salvando la gratuidad del servicio, y un reglamento detallado.

Para Durán, la asamblea fue muy positiva, por el debate "sereno" que acabó en una "oposición clara y contundente", pero ofreciendo alternativas. "La reforma se hará, pero se hará de otra manera", opinó.