Los ganaderos están molestos con Medio Ambiente por los ataques de buitres de los últimos años, que cifran en 527 desde el 2006, y al consejero Modesto Lobón le dan un mes de plazo para poner en marcha las zonas permitidas para el abandono de cadáveres y para aplicar el decreto de indemnizaciones que permanece en un cajón del departamento. "Si las distintas direcciones generales no se ponen de acuerdo, denunciaremos la situación en Bruselas", afirmó ayer el responsable de sectores ganaderos de UAGA, José Luis Lasheras.

"No buscamos el pago por un animal muerto, sino que se dé solución a un grave problema que llevamos arrastrando durante muchos años, prácticamente desde que terminó la prohibición de la enfermedad de las vacas locas", recuerda este responsable de UAGA. De ahí que también estén estudiando llevar a los tribunales el tema de las indemnizaciones.

Una de las propuestas es ampliar al máximo posible la extensión de las zonas de protección, en donde "de forma voluntaria, cada ganadero pueda abandonar si quiere los cadáveres.

Lasheras recuerda que en Aragón habita una de las poblaciones más importantes de buitres, "entre el 50 y 60% del censo se localiza en la comunidad". Y que la red de comederos o muladares de Aragón es la más completa del país, lo que "atrae a individuos de otras autonomías en donde no encuentra comida. Nosotros hemos comprobado que estas buitreras no ha sido la solución, porque los ataques más fuertes se han producido precisamente muy cerca de estas zonas, muy atractivas para los buitres".

CONTROL DE LA POBLACIÓN Por eso, entre las soluciones que aporta UAGA está la de "cerrar alguna de estas buitreras o poner en marcha el control de la población. Y si sobran parejas que se las lleven", alega José Luis Lasheras.

Pero la Administración difiere bastante de todas estas opiniones. Ni siquiera coinciden en el número de ataques, ya que el director general de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla, lo reduce a 63 desde el 2008, que además los califica de "presuntos", ya que no existe una evidencia científica de que estas aves ataquen a animales vivos. "El 80% del ganado atacado estaba de parto", contestó ayer Lasheras, haciendo hincapié en que no se tratan de animales moribundos.

En cuanto a las indemnizaciones, de los 63 presuntos ataques que Medio Ambiente admite tener contabilizados, solo 23 han sido objeto de reclamación. "Los ganaderos tienen miedo a denunciar por temor a represalias. Y también porque les molesta que la Administración dude de su palabra", añade Lasheras.

Pero sin un decreto o norma que contemple las indemnizaciones, el Gobierno aragonés solo paga cuando existe una orden judicial.