Los jueces investigarán contratas de la DGA por valor de 400 millones

Hasta seis jueces zaragozanos comenzarán a recibir a partir de hoy la media docena de denuncias en las que la Fiscalía ha agrupado las investigaciones sobre quince de los 26 contratos adjudicados por el Gobierno de Aragón en el 2004 y el 2005 en los que el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades. El juez decano, Ángel Dolado, supervisará el trámite de reparto aleatorio mediante un sistema informático por el que serán distribuidos conforme vayan llegando a la plaza del Pilar.

Se trata, en los seis casos, de denuncias indeterminadas, es decir, que no señalan a una persona concreta como presunta autora ni indican una fecha precisa de la comisión de los delitos de prevaricación de los que el ministerio público ha hallado indicios.

El montante de las quince adjudicaciones que van a investigar los jueces se sitúa en torno a los 400 millones de euros. De hecho, solo cuatro de esas denuncias suman 384,9 millones.

El grueso de esas contratas sospechosas, tanto por número como por la cuantía de la adjudicación, fueron adjudicadas en el Instituto Aragonés del Agua. Cinco de ellas, por valor de 354,4 millones, consisten en la redacción, ejecución y explotación de seis de las zonas del Plan de Depuración, a las que se añade la construcción de la planta potabilizadora de Monzón, otorgada por 3,45 millones a los que se añadieron otros 618.447 euros para cambiar la tubería inicialmente prevista.

TRANSPORTE SANITARIO La tercera denuncia incluye las tres contratas para la gestión del transporte terrestre sanitario no urgente adjudicadas en el 2004 por la Consejería de Salud por un valor total de 24.951.480 euros. Tanto en esos casos como en los de las depuradoras, el Tribunal de Cuentas detectó que algunos criterios selectivos y los baremos para valorarlos fueron modificados después de haber abierto los sobres con las ofertas presentadas por las empresas.

Esa circunstancia se dio también en el proceso de adjudicación de un aparcamiento subterráneo y la remodelación de una glorieta en Teruel, tramitado por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y otorgado por 10,2 millones.

La cuarta denuncia se refiere al proyecto de reforma y ampliación del museo Pablo Serrano y la asistencia facultativa de las obras, adjudicado por el Departamento de Educación, Deporte y Cultura por 1,44 millones a un arquitecto que después facturaría 23.191 euros por el estudio de seguridad y salud, que debe --por ley-- formar parte del proyecto. La consejería optó por la adjudicación directa cuando habría podido optar por otras fórmulas menos cerradas como el concurso restringido. Alegó que necesitaban un arquitecto especialista en reformas de edificios de valor histórico.