La aplicación de la Ley de la Dependencia está causando malestar entre las personas mayores porque consideran que no reciben todas las prestaciones que deberían y que no soluciona sus problemas. Una de las principales denuncias de este colectivo es el proceso de privatización que consideran que están sufriendo las residencias porque supone una "merma importante en la calidad del servicio". A esto se suman los problemas presupuestarios derivados de la crisis, que impiden que la atención llegue a todas las personas que lo necesitan.

Estos y otros problemas se expusieron en una jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebró ayer.

Miguel Ángel Clamorín, uno de los miembros de la comisión de mayores de la FABZ, explicó que los servicios que se ofrecen en las residencias públicas no se pueden comparar con los de las concertadas, a las que derivan a muchas personas que se acogen a la Ley de Dependencia. Uno de las principales deficiencias que observan en los centros gestionados por oenegés, fundaciones u otro tipo de entidad privada es la escasa presencia de médicos.

"En las privadas pasan los médicos una o dos horas al día, pero en las públicas hay personal sanitario las 24 horas del día", aseguró Clamorín, quien también solicitó la presencia de otros especialistas, como psicólogos, en los centros concertados.

Asimismo, criticó que "los gestores privados solo piensan en criterios económicos", por lo que no ven con buenos ojos que el Gobierno de Aragón construya los edificios para luego ceder su uso durante cuarenta años a entidades privadas. Para controlar a estos gestores, desde la FABZ reclaman más control de estos centros.

OTROS PROBLEMAS En Aragón existen 14 residencias públicas, que cuentan con todas sus plazas cubiertas, por lo que muchos mayores deben alojarse en las concertadas. En este caso el Gobierno de Aragón les concede una subvención para ayudar a pagar la estancia, pero "se suele acabar pagando más que en las públicas", lamentó Clamorín.

Desde la FABZ también pidieron más agilidad en la concesión de ayudas porque existen casos en los que cuando se concede la subvención la persona ya ha fallecido. Además, Clamorín recordó que aparte de la atención domiciliaria existen otros servicios, como los centros de día o de noche, cuya oferta también es insuficiente.

Una queja similar comparten desde el Colegio Profesional de Asistentes y Trabajadores Sociales porque consideran que "se adapta el dependiente a lo disponible, y no al revés". Gloria Gómez, una de sus representantes, señaló que predomina la prestación económica porque existe una falta de oferta de otros servicios como los centros de día o de noche, los pisos tuteladados o la teleasisitencia.

"De esta forma se fomenta la ocupación irregular" en la atención domiciliaria, señaló. Los mayores también son partidarios de aumentar el control de las personas que realizan esta atención en los hogares.