El Colegio de Abogados de Zaragoza acogió ayer una mesa redonda de presentación de la norma que da rango de ley a los servicios de asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes y presos -SAM, SAOJI y SOP, respectivamente-, y que contó con los respresentantes de los distintos grupos políticos que la aprobaron por unanimidad.
Además de estos -el ponente del PP, Fernando Ledesma; la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, de Podemos; el socialista Darío Villagrasa; María Herrero, del PAR; Ramiro Domínguez, de Ciudadanos y Patricia Luquín, del grupo mixto-, la cita contó con otras dos presencias destacadas: la del expresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) -y exdecano del colegio de Zaragoza-, Carlos Carnicer y su sucesora, la actual presidenta, Victoria Ortega.
Esta no solo solemnizó el acto, sino que incrementó la sensación de que la norma aragonesa, pionera en España, puede ser la inspiración para otras leyes estadísticas, e incluso una estatal. Por ello lucharán, admitía Ortega a este diario: «Yo confío en que se haga, porque lo complicado es empezar, y con esta norma se ha avanzado mucho», explicó.
Para la presidenta del CGAE, la ley aragonesa es «de una importancia extraordinaria», porque «configura el Estado de Derecho» más avanzado. «Todos somos conscientes de que ha habido malos momentos económicos, pero no los deben pagar los desfavorecidos, como las mujeres víctimas de violencia, los migrantes y los presos, incluídos los menores, a los que ampara esta ley», valoró.
Ortega confió en que la norma, una vez se desarrolle reglamentariamente y «se dote de un presupuesto adecuado por parte de la DGA», contribuya a evitar «errores» que vienen observando al plantear las demandas o quejas, por falta de asesoría.
