Los desalojos de ocupantes de primera vivienda por ejecución de sus hipotecas han quedado suspendidos en la provincia de Zaragoza.
La coordinadora provincial de los secretarios judiciales en Zaragoza, María Ángeles Júlvez, ha emitido una instrucción por la que ordena al Servicio de Actos de Comunicación y Embargos (SACE) que devuelva a los juzgados de Primera Instancia, y que suspenda, todos los lanzamientos (desalojos) "derivados de procedimientos hipotecarios" en los que el "deudor sea una persona física", y en los que "el objeto de lanzamiento sea vivienda principal", siempre que hubieran sido señalados antes del día 17, cuando entró en vigor el decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
El objetivo de la circular es que en el juzgado "se pueda proceder al examen de las circunstancias del caso y confirmar si dicho lanzamiento debe efectuarse". Es decir, a aclarar si las familias que van a ser desalojadas forman parte de los "colectivos especialmente vulnerables" --perceptores de rentas bajas, desempleados y grupos con niños de menos de tres años, entre otros-- que pueden permanecer en las viviendas hasta el 17 de noviembre del 2014.
La misma finalidad tiene la segunda parte de la circular, que señala que las solicitudes de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas que los juzgados envíen al SACE deben incluir si han sido adoptados con posterioridad a la entrada en vigor del decreto, "en cuyo caso se tramitará conforme a la normativa legal aplicable".
Fuentes del colectivo de secretarios mostraron, no obstante, su extrañeza ante la circular, ya que consideran que se trata de una directriz de carácter gubernativo mientras que la tramitación de las ejecuciones y los lanzamientos es de carácter jurisdiccional --de cada juzgado--.
CIFRAS Los juzgados de Primera Instancia de Zaragoza ciudad ordenaron en el primer trimestre de este año 1.435 lanzamientos, la mitad de ellos derivados de ejecuciones hipotecarias. La mitad de ellos --más de 700-- corresponden a viviendas ocupadas y el resto, a garajes y pisos hipotecados por el constructor.
El lanzamiento llega tras la ejecución hipotecaria, cuya tramitación recae en el secretario. Fuentes del colectivo explicaron que ahora se están realizando los derivados de demandas presentadas entre el 2008 y el 2011.
Los jueces, tras la admisión de la demanda, únicamente intervienen para emitir el auto de ejecución, si el ocupante se opone al pleito o si este lo ha alquilado a otra persona.
