Entre once y doce millones de españoles (un 43% de la población) están en riesgo de exclusión social, algo mucho más preocupante que la pobreza, ya que se convierte en un estigma hereditario. Por ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales --presidida por el del Albergue y la Casa de Amparo de Zaragoza, Gustavo García-- urge al Gobierno central un plan de rescate para las familias, "con medidas fiscales concretas" que ayuden a paliar la situación. Hoy presentarán la iniciativa parlamentaria.
La asociación celebró ayer en Madrid el Debate Sobre el Estado Social de la Nación, al que acudieron representantes del PSOE, IU y UPD --el PP declinó la invitación-- y en el que debatieron las conclusiones del informe que han elaborado. Las conclusiones, en cifras, son contundentes: Un 26% de las familias tienen dificultades para llegar a final de mes, un 37% no pueden asumir ningún gasto imprevisto y solo Rumanía y Letonia superan a España --en Europa-- en cuanto a desigualdad social, según los últimos indicadores.
Por todo ello, Gustavo García concluye que los gobernantes "están dejando a las familias abandonadas a su suerte, y nadie se preocupa de su rescate". Para el director del albergue, es "una aberración legal" que no se aplique totalmente la dación en pago, ya que "si una empresa quiebra se reparten sus bienes, pero en el caso de las familias la responsabilidad no se extingue, se hace hereditaria". En el mismo sentido, lamenta que no exista en España una ley de saneamiento de deuda para las familias; según cuenta, es el único país de la OCDE que no la tiene.
"La exclusión social tiene unos costes sociales incalculables, tardaremos una década en recuperarnos", asegura García. La privatización de servicios y la eliminación de becas y ayudas "están debilitando a las familias".
