El sindicato mayoritario de Bomberos de Zaragoza, la Confederación de Seguridad Local (CSL), se negó a valorar las palabras de Gustavo Alcalde. Como portavoz, Francisco Javier Tomey aclaró que desde el sindicato respetan "todas las opiniones, incluso la suya". Pero sí opinó que hablar de liberados --que, "por supuesto que los hay" en la Junta de Gobierno Local-- y de una negativa a intervenir es "sacar un poco de contexto" la reivindicación.

"Aquí nadie ha hablado de insumisión ni desacato, que conllevaría sus consecuencias legales. Lo que hemos pedido al ayuntamiento (y este ha aceptado) es que no nos ordene ir a desahucios, y que en el caso de que alguien se niegue pese a la orden judicial, no le abra además un expediente administrativo", aclaró.

Tomey siempre ha mantenido que saben que, "si un juez lo ordena", tendrán que acudir. Pero desde luego no lo harán de buen grado. "Es bastante duro, a mí no me pagan para echar a la gente de su casa, me pagan para ayudarla y salvarla", explicó. El movimiento surgió a nivel nacional por el ejemplo de un bombero gallego que desertó del desahucio de una anciana, "y le apoyamos", explicó el representante de CSL. "Nos emplean como una fuerza se seguridad, y somos un cuerpo civil", subrayó.