Varios miles de firmas y un centenar de centros educativos mostraron ayer su respaldo al manifiesto elaborado por los sindicatos con representación en mesa sectorial (CCOO, UGT, CSIF, STEA y CGT) en contra de los recortes y en defensa de la escuela pública. Las rúbricas incluían, asimismo, una redacción de las medidas de ajuste que ya se habrían adoptado en cada colegio o instituto, aunque la fuerte tormenta que cayó sobre la capital aragonesa a la hora en la que estaba prevista la concentración de protesta frente a la sede del Gobierno de Aragón, impidió un recuento exhaustivo de todas las firmas recogidas.

En todo caso, los sindicatos, que esta misma mañana entregarán las rúbricas en el registro de la Administración, ya aseguran que la previsión inicial de 1.500 puestos de trabajo menos "ya no será el tope máximo, ya que la reducción podría alcanzar el 10% o el 15%", apuntó José Manuel Larrodera, de CCOO.

Para ello, se basa en los datos obtenidos en centros de Zaragoza, que, extrapolados a Huesca y Teruel, supondrían que se "superaran con creces" los 398 maestros de Infantil y Primaria que llegó a reconocer la consejera, Dolores Serrat. "Podríamos irnos a un número que oscilaría entre los 600 y los 800, a los que habría que suma entre 500 y 600 en Secundaria", añadió Larrodera.

En el manifiesto, los sindicatos exponen que los recortes supondrán "un mayor número de alumnos en cada clase y menor tiempo de atención individual por parte del profesorado, falta de espacios adecuados en las aulas que se quedarán pequeñas, falta de contratación de sustituciones, en caso de baja del profesorado, reducción de grupos de apoyo, desdobles de clase, refuerzos, cierre de unidades e incluso de centros, sobre todo en los pueblos, paralización de nuevos ciclos de Formación Profesional, supresión de modalidades y de optativas de Bachillerato, teber que pagar íntegramente los libros de texto, un aumento importante de las cuotas de comedor y menor número de becas para los más necesitados, la privatización de servicios educativos, pagar mucho más dinero para ir a la universidad con el aumento de las tasas universitarias y recorte de plantillas", apuntaron.

Así, todos los sindicatos solicitan que no se aplique el decreto y la dimisión tanto de la consejera, Dolores Serrat, como la del ministro de Educación, José Ignacio Wert.