La seguridad privada no se dejó ver por las cárceles de Zuera y Daroca en la primera jornada --la de ayer-- en la que estaba previsto que vigilantes sin arma comenzaran a asumir el control de los accesos, el perímetro y los sistemas de videovigilancia de los dos penales, según señalaban las órdenes remitidas hace unas semanas a los responsables de la Guardia Civil en Zaragoza por el Ministerio del Interior.
Fueron efectivos del instituto armado quienes se encargaron de esas tareas de seguridad, como vienen haciendo desde que entraron en funcionamiento ambas cárceles.
Interior adjudicó hace unos meses a una UTE de empresas de seguridad privada las tareas de control de los accesos de 21 centros penitenciarios, entre ellos los dos de régimen cerrado de la provincia de Zaragoza.
El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz sostiene que la privatización de la vigilancia es un servicio de refuerzo a la Guardia Civil, cuyos efectivos supervisarán inicialmente la labor de los guardas. Sin embargo, a mediados del año pasado admitió que estaba buscando esa salida para facilitar empleo al sector privado, en el que se ha producido un brusco descenso de la ocupación tras el alto el fuego de ETA.
"No se sabe nada de la incorporación", explicaron ayer fuentes policiales, que añadieron que, según los planes iniciales, el despliegue de la seguridad privada tendrá una periodo de prueba de seis meses antes de que se ves incrementado. Fuentes penitenciarias anotaron que Zuera empleará a un máximo de 24 guardas.
RECHAZO Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC, mayoritaria en el cuerpo) criticaron la iniciativa privatizadora y la calificaron de "excesiva" y de "barbaridad".
La plantilla de Daroca tiene una veintena de vacantes, mientras que la de Zuera está prácticamente cubierta al resultar atractivos para los guardias civiles los turnos de doce horas --por los descansos-- a pesar de que en ese destino no cobran el plus mensual de 70 euros de Seguridad Ciudadana.
