--Como directora general de Calidad y Atención al Usuario de la DGA, ¿cómo valora la medida anunciada el pasado martes por el Gobierno estatal por la que los inmigrantes en situación irregular volverán a disponer de Atención Primaria?

--Lo primero que hay que dejar claro es que aquello fue un anuncio, no una medida. Porque el derecho no se adquiere con un anuncio, sino a través de la regulación normativa y del decreto 16/2012, que, de alguna manera, restringe a un conjunto de personas que no tienen resuelta su situación administrativa. Es una intención y muy positiva, por cierto.

--¿Ese anuncio, pues, supone que el ministerio admite que fue un error aquel decreto?

--El anuncio del Gobierno se tiene que materializar y tenemos que ver cómo se organiza. Creo que debería inspirarse en lo que se ha hecho en Aragón. De hecho, propongo que se lleve a cabo en el programa de protección de salud pública puesto en marcha por esta dirección general. Porque en esta autonomía no gobierna solo el PP, sino también el PAR y yo formo parte de él.

--¿Quiere decir que ese programa alternativo que facilita atención sanitaria a inmigrantes empadronados al menos seis meses no se habría puesto en marcha sin usted?

--Lo que digo es que esto se ha llevado a cabo porque en Aragón hay un gobierno de coalición y esta dirección general considera fundamental el derecho a la salud.

--Pero ese plan no ha sido un éxito. Apenas un millar de inmigrantes se ha inscrito en él cuando decenas de miles perdieron la tarjeta cuando el decreto entró en vigor...

--Lo más importante de este programa es regular la situación de la asistencia sanitaria de todas aquellas personas que viven en Aragón con vocación de permanencia y establecer un procedimiento de acceso directo a Atención Primaria, Especializada y a las pruebas diagnósticas.

--Pero no incluye la farmacéutica...

--Ojalá se pudiera dar ese paso porque eso no se puede hacer desde las comunidades sino a través del decreto, aunque hemos estado trabajando con Farmacéuticos sin Fronteras, Cáritas y otros colectivos y, a través de un fondo de ayuda urgente, hemos destinado alguna partida para esta situación. Pero a este programa le falta que estas personas puedan acceder a la farmacia en las mismas condiciones.

--¿Cree que aquel decreto fue una buena idea?

--Por primera vez, nos equiparaba al resto de ciudadanos europeos. Se ha terminado con la incertidumbre jurídica y el abuso de derecho, adaptándonos a la directiva europea del 2004. Ahora, si se exporta el derecho ya podemos exportar el gasto. Es un ahorro considerable de millones de euros. Pero el decreto del 2012 deja un escollo importante: aquellas personas que no son europeas ni existen convenios con sus países, y que son los más vulnerables porque, al estar en situación irregular, no pueden acceder al sistema.

--¿En Aragón se ha atendido a todo el mundo, como dice el consejero?

--Nadie se ha quedado sin atender. La reforma conllevó problemas de interpretación para todos, pero nadie se ha quedado sin su derecho a la asistencia sanitaria.

--Algunos colectivos sociales no dicen lo mismo...

--Hemos trabajado mano a mano con la plataforma Salud Universal, trabajadores sociales, comarcas y otros colectivos y no hay quejas en nuestras bases de datos de usuarios. Ha habido mucha desinformación.

--Entonces, ¿cree que se les debería devolver la tarjeta sanitaria?

--La tarjeta se otorga solo si se tiene el derecho. Y esto solo ha sido un anuncio que hay que aplaudir. Es importante avanzar en esta línea. El derecho a la salud es fundamental y no se tiene que cuestionar con temas de saturación de urgencias. Es un derecho universal y todas las personas deben ser atendidas y eso solo se puede llevar a cabo por un Consejo de Ministros que reforme y actualice el decreto. Para mí, el sí al derecho a la salud y a la asistencia sanitaria a extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia es rotundo.

--¿Pero se puede dar asistencia sin tarjeta?

--Nosotros lo hacemos. El programa permite que accedan al sistema estas personas sin compromisos de pago ni reconocimiento de deuda. Pero se queda corto porque tiene que incorporar la farmacia y, como le digo, necesita de otra normativa de mayor rango. Ojalá el Estado se inspire en el programa, pero se queda corto.