El patrón seguido por el Servicio Aragonés de Salud para rastrear la actividad de las farmacias y que destapó una trama ilegal de medicamentos en la comunidad --cuyo origen estuvo en la botica de Palomar de Arroyos (Teruel)-- ha llegado a Madrid.
Desde allí, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha tenido en cuenta el procedimiento llevado a cabo en Aragón para proceder a fiscalizar al milímetro las 22.000 farmacias del país con el objetivo de combatir la exportación fraudulenta de fármacos.
La pauta para realizar estos controles consistirá en seleccionar los 190 medicamentos más atractivos para las mafias y por los que se pueden obtener mejores márgenes de beneficio en el extranjero. Entre ellos Lyrica, recetado para la epilepsia y la ansiedad, el anticancerígeno Melfalan o el antihipertensivo Aprovel.
Después, tal y como hizo el Salud, se analizarían los pedidos que las farmacias hicieron a los almacenes de distribución de todos estos productos y, por último, se compararían estas cifras con las ventas de las boticas a sus pacientes.
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), según publicó ayer El País, sería la responsable del diseño y la aplicación de esta auditoría. La organización, previsiblemente, asumirá el encargo de elaborar el plan de rastreo el próximo mes de enero.
LABOR RECONOCIDA
La AEMPS iba a exponer esta iniciativa en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que debía haberse celebrado el pasado miércoles y que se suspendió por la dimisión de Ana Mato como ministra.
Las comunidades autónomas, a quien el ministerio ha pedido colaboración para proceder a la fiscalización de todos los datos de las boticas, ya habían sido informadas de esta idea por parte de la agencia estatal. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, comentó ayer que "de alguna manera se reconoce la labor de este departamento" y recordó que lo que hizo "saltar las alarmas" en la comunidad fue que la facturación de varias boticas (un total de 17) no se correspondía con la población de las localidades en las que se encuentran.
"Luego se conoció que eran fármacos que no se utilizaban dentro del conducto farmacéutico habitual, sino que se desviaban hacia otros mercados fuera de España", apuntó Oliván, quien incidió en que, tras investigar las primeras sospechas --que duraron unos meses--, la situación se puso en conocimiento de la Policía para proceder a la orden judicial de cierre de algunas farmacias.
