E l titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, ha archivado provisionalmente el caso apartadero, en el que se investigaba la adjudicación sin publicidad de unas obras por valor de 15,5 millones a la UTE Acciona-MLN en unas obras de la plataforma logística. En su auto de sobreseimiento, que podrá ser recurrido por Fiscalía, la DGA y Plaza, el magistrado califica de "conjeturas" que se hubiera producido un acuerdo entre el adjudicatario y la contrata para dar lugar a una especie de error y así conseguir licitar por un precio mayor al que se correspondía.

Este sobreseimiento provisional implica que todos los imputados, el exconsejero delegado Carlos Escó; el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo Gracía Becerril, y diez de los miembros del consejo de administración de Plaza, dejaron desde ayer la condición de imputados por prevaricación. Asimismo, esta decisión implica que el caso no llegará al Tribunal Superior de Justicia de Aragón porque ya no hay necesidad de tomar declaración a tres aforados --los diputados y exconsejeros de Medio Ambiente y Obras Públicas, Alfredo Boné y Alfonso Vicente, y el consejero de Economía, Francisco Bono--. Sin embargo, a estos no se las menciona en el auto, a diferencia del día de la imputación.

VALORACIÓN En esta investigación resaltaban una serie de correos entre trabajadores de la UTE en los que se hablaba de un posible concierto previo con Plaza para realizar las obras en el apartadero ferroviario y en las zonas de reserva para futuros crecimientos con fecha anterior a las reuniones del consejo de administración que aprobaron los contratos. Sin embargo, de la lectura de los mismos Tello resalta que "aunque sean previsiones de futuro, no son meros ejercicios de previsión, sino que están relacionados con peticiones concretas que posteriormente se ofertaron".

Otro de los documentos relevantes en esta instrucción fue un escrito jurídico que, aunque no se sabe quién es su autor, recoge diversas consideraciones sobre la urgencia para realizar estas obras y por lo que se justificaría el modelo de contrato que posteriormente se acordó.

El juez comprende la actuación de los miembros del consejo de Plaza porque "hay un documento jurídico que lo garantiza" que no se contradice durante las reuniones por parte de la secretaria, Pilar Lidón, y de los asesores legales, García-Figueras y Sarriá, y la necesidad de hacer rápido las obras para responder a los plazos de los clientes.

El magistrado asegura que "no existe indicio alguno por el que se pueda decir que haya habido una actuación a sabiendas de la injusticia de la resolución".

Los abogados defensores de todos los imputados --Enrique Trebolle, Carmen Cifuentes, Jesús García Huici, Juan Monclús, José María Pabán y José María Gimeno del Busto-- resaltaron ayer su satisfacción ante el sobreseimiento que esperan sea firme.

Trebolle, Cifuentes y García-Huici, que representaban a los miembros del consejo y a los aforados, entienden que se ha demostrado que obraron respetando la legalidad y defendiendo el interés público.

Más críticos fueron los letrados Monclús, Pabán y Gimeno del Busto, que defienden al exgerente y al exconsejero delegado, quienes destacan que "si la DGA y Plaza hubiesen presentado la información necesaria a tiempo, esta investigación penal no habría comenzado".