El colectivo de orientadores aragoneses rechaza el nuevo decreto de educación inclusiva presentado hace escasas semanas por la consejera Serrat y en el que se anunciaba un incremento del 10% en la plantilla de este colectivo para atender a alumnos con necesidades especiales y favorecer el éxito escolar.

Sin embargo, los orientadores aseguran que, lejos de crecer, el colectivo sufrirá un recorte con la aplicación del decreto. "El malestar es general por la forma y por el fondo, ya que, además de que lo han llevado a cabo sin contar con los profesionales, lo que van a hacer realmente es eliminar los equipos de Atención Temprana --a niños de 0 a 3 años-- y el destinado a alumnos con discapacidad motórica y transformarlos en otros equipos especializados pero como una especie de asesores, no orientadores", criticó Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.

Además, el colectivo, que ha presentado alegaciones, lamenta que en el decreto continúa sin fijarse una ratio --número de alumnos por orientador--. "En Secundaria hay uno por centro, sea de 300 o de 1.500 alumnos y actualmente cada orientador atiende a más de 1.000 escolares, cuando nosotros pedimos 250", añadió Planas, que censuró que "prima el criterio numérico de alumnos en total no de la cantidad de niños con necesidades, con lo que la escuela rural sale muy perjudicada".

Los orientadores aragoneses, que se reunieron hace unos días para poner en común su rechazo a la nueva norma, preparan la elaboración de un manifiesto en el que expondrán su malestar por el borrador de un decreto que, en su opinión, también favorece a la concertada porque "dispone de un orientador por centro, cuando en la pública, que tiene muchas más necesidades, el profesional debe repartirse entre varios centros", apuntó Planas.