La Asociación para la Defensa de la Función Pública mantiene su opinión de que la ley de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) en el Servicio Aragonés de Salud es "inconstitucional" y acusa al Gobierno de Aragón de "manipular" la información de la Defensora del Pueblo.
A través de una nota de prensa, la entidad hace referencia al informe recientemente emitido por la Defensora del Pueblo, a la que habían solicitado que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad y en el que advierte que la impugnación de la ley correspondería al Estado, como titular de la competencia invadida o vulnerada.
Según la Asociación, en su resolución pone de manifiesto "claras irregularidades" de la ley, al entender que el personal laboral con contrato de duración indefinida del CASAR incorporado al Salud ha de considerarse en similar situación al personal indefinido no fijo.
La asociación acusa al Ejecutivo autonómico de "manipular" la información del Defensor del Pueblo para "tratar de reafirmar sus decisiones arbitrarias frente a las exigencias de la legalidad, a la que en lugar de someterse trata de someter de manera indebida", indicaron a través de su comunicado.
