Zaragoza es hoy el primer escenario confirmado para la presentación en España de la Marea Azul, un nuevo colectivo en protesta que se está fraguando en toda Europa y que nace para oponerse frontalmente a la privatización del agua, para exigir a las administraciones que garanticen que el abastecimiento y el saneamiento mantendrán una gestión 100% pública.

Este es un movimiento ciudadano impulsado por decenas de colectivos que se han constituido en la Red de Agua Pública en Aragón (RAPA) y que es muy crítico y beligerante con el intento fallido de privatización que se ha intentado hacer en Zaragoza haciendo de Ecociudad una sociedad de economía mixta, pero sobre todo lo es con el plan de depuración diseñado por la DGA que aseguran que es "sobredimensionado en costes y gastos de mantenimiento", y que se acaba traduciendo en el recibo.

DATOS "En Aragón se está cobrando a 1,3 euros el metro cúbico de agua depurada, cuando en Zaragoza se paga a 0,15 en la depuradora de La Almozara que es 100% pública, nueve veces menos; y a 0,36 en la de La Cartuja, siendo esta cinco veces más grande que la de La Almozara", explica el premio Goldman de Medio Ambiente Pedro Arrojo, quien denuncia abiertamente que lo que está pasando en la comunidad "es para que actuara la Fiscalía de oficio" porque, a su juicio, el plan diseñado "o es un error o hay un interés en este sobredimensionamiento".

El problema, que se ha convertido en el leit motiv de esta nueva marea en Europa, es que "son las administraciones las que están impulsando este sistema que produce sobrecostes en la construcción de depuradoras y en los gastos de mantenimiento". Y se está repercutiendo en el recibo de los ciudadanos y de los ayuntamientos, a los que se les "va a abrir una fuente jurídica para impugnamientos" a propósito de un canon de saneamiento que "la DGA trata de vender a la población como si fuera una tasa por la prestación de un servicio cuando en realidad es un impuesto de difícil justificación".

Ya se está moviendo la creación de esta marea en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o Andalucía, entre otras comunidades autónomas, porque todo obedece a una tendencia del mercado en el que las grandes empresas se han dado cuenta de que "el negocio del agua hoy no está en el abastecimiento sino en el saneamiento", y que "en Aragón se han creado depuradoras con mucha más capacidad que la que necesitan los pueblos y con tecnologías de las que se dotaría una ciudad como Zaragoza". Ahora, después de recibir los fondos europeos y estatales, y sin que se conozca la aportación de la DGA a ese plan, tiene un complicado retorno al modelo inicial. Y algunos municipios están pagando sin tenerla.

MODELO FRANCÉS Arrojo explica que "grandes multinacionales como Beolia o Grupo Agbar se han dado cuenta que el saneamiento da cuantiosos beneficios a través de la colaboración público privada en sociedades mixtas en las que aunque tengan el 49% del accionariado, las administraciones pueden defender que mantienen el control público sobre el servicio pero ellos asumen la dirección en la gestión y, por tanto, el control de la información, de manera que la contratación de toda la tecnología que hace falta se saca del mercado, se elimina la libre competencia y se aseguran un volumen de negocio mucho mayor que los exiguos beneficios que reporta el funcionamiento de la depuración". "Una venta como la que proponía Zaragoza hipotecaría el servicio durante 40 años y si dejarla en manos privadas reportaría 60 millones de inmediato, recuperarlo, remunicipalizarla valdría no menos de 600".

Por eso surge la necesidad de salir a la calle, movilizarse para paralizar el avance en España de lo que se denomina el modelo francés de privatización del agua. De hecho, la presentación se hará el 23 de marzo aprovechando la celebración, el día anterior, del Día Mundial del Agua, que en muchos países los sindicatos quieren centrar en la reivindicación de un modelo público de gestión. La cita en Zaragoza será en la plaza del Pilar.