--Su asunción del cargo ha coincidido con nuevas quejas por el retraso del pago del turno de oficio de los abogados, ¿cómo está la tramitación?

--La semana pasada se liberó una partida de más de un millón de euros para pagar anticipadamente el servicio hasta diciembre, que recibirán este mes, algo que no se había hecho antes. Sobre el resto de este año, el 19 de octubre recibimos la facturación definitiva del primer trimestre del año, que hubo que revisar.

--¿Ya se ha aclarado si las tasas judiciales recaudadas en Aragón servirán para pagarlo?

--El ministerio sigue sin darnos explicaciones de cómo va a repercutirnos las tasas.

--¿Cómo se puede mejorar la prestación de este servicio?

--Por ahora nos hemos topado con un problema importante. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducía la modificación de la composición de las comisiones de justicia gratuita --la siguiente se celebra en Zaragoza el próximo miércoles--, que pasan de cinco a cuatro miembros y prescinden de fiscales, que las presidían, o procuradores. No nos da tiempo a modificarlas sin paralizarlas, y tenemos unos 2.000 expedientes de justicia gratuita que valorar. Y hay que recordar que una solicitud no contestada en un mes se considera concedida.

--¿Se reunirán con el colegio de abogados para estos temas?

--Sí, queremos tratar varios puntos. Por ejemplo, la acreditación de los servicios del turno de oficio. El sistema actual adolece de una lentitud exasperante, con el cambio que ha habido, también en las normas de intervención. Intentaremos ver de qué forma se puede simplificar, además de mejorar otros temas como la prestación del servicio en violencia de género o la extensión del mismo a procesos civiles de desahucio para familias en riesgo de exclusión.

--¿Sería un turno de oficio de desahucios?

--No, se trata de prolongar la ayuda del letrado, que normalmente termina con el pago o no, y por tanto el lanzamiento. La familia luego ha de comenzar unos trámites como la solicitud de vivienda de alquiler social, la mediación, la derivación a los servicios sociales... Queremos que el letrado la ayude en todos esos procedimientos hasta la reasignación de vivienda, en un proceso integral.

--¿Hay más casos?

--Los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) de Primera Instancia comentan que en los alquileres más bajos, el menor impacto tanto para la familia como para la Administración, a la larga, es que se mantengan en su casa con un alquiler social. En ese tipo de acuerdo intervendría el letrado, siempre compensado económicamente. El colegio está de acuerdo y creo que nos compensa: es poco dinero pero mucho beneficio social.

--El llamado papel cero ha de estar implantado en los juzgados para enero, ¿se llegará?

--Sí, se llegará. A diferencia de otras comunidades como Madrid y Valencia, en Aragón llevamos ocho años usando Lexnet (sistema de comunicación de resoluciones por internet), y pese a la incertidumbre que genera el papel cero no es otra cosa que extenderlo a colectivos que no lo usaban, como los abogados, los graduados sociales o los servicios jurídicos de las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales. En Teruel ya lleva un año implantado y en Zaragoza, para escritos de trámite, también.

--¿Conllevará alguna otro tipo de novedad?

--Sí, los avisos por SMS para algunos avatares judiciales, como la suspensión de un juicio, al afectado. Sobre todo se piensa en la violencia de género, por ejemplo para avisar del fin de una orden de alejamiento.

--¿Se acabará el papel en el juzgado?

--No, eso corresponde al Expediente Judicial Electrónico (EJE), que por obligación de la Unión Europea se implantará el verano que viene. Este exige el sistema informático Minerva Digital, y el cambio de todos los equipos, que en su mayoría tienen más de 8 años, para que sean compatibles con Windows 7.

--Para esto el Estado ha aportado 153.000 euros, ¿bastarán?

--El Estado ha conveniado ese dinero para ejecutar antes del 31 de diciembre pero aún no lo ha ingresado. Así que estamos haciendo magia para acometer un proceso de compra de 800 monitores no homologados en la comunidad, y 240 ordenadores portátiles para jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia (en adelante, secretarios), de Primera Instancia. Doblaremos lo que aporta el Estado, y seguiremos con la dotación el año que viene.

--El sistema requerirá formación del funcionariado.

--Hemos contratado la formación con la empresa Tecnocom, con un contrato de cerca de 300.000 euros para los próximos dos años, para los funcionarios de Justicia que dependen de la DGA. Esto no incluye a los secretarios, fiscales y jueces, pero no se excluye que soliciten sesiones informativas.

--Solo con lo hablado hasta ahora será necesaria una enorme inversión económica, ¿está segura de que se puede acometer?

--Si los presupuestos de Justicia salen adelante, sí. En la Comisión Institucional de las Cortes todos los grupos dijeron que lo apoyarían, y creo que es cierto y saldrán adelante.

--La pasada legislatura destacó por las infraestructuras, ¿cómo está la tramitación actualmente?

--Por ahora nos vamos a centrar en el Palacio de Justicia de Teruel. Cuando llegamos y vimos el proyecto nos dimos cuenta de que no tenía en cuenta las previsiones organizativas de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) --una reorganización de los juzgados con servicios comunes de funcionarios-- así que está encargada la modificación del proyecto, se licitará y esperamos que la primera fase de traslado comience el año que viene.

--Mencionaba la NOJ, de la que siempre se habla y nunca se termina de implantar. ¿Llegará esta legislatura?

--En estos cuatro últimos años no se ha hecho nada respecto a la NOJ, así que revisaremos los proyectos de hace cinco años, con las modificaciones procesales (legislativas) y la experiencia de la implantación en otras comunidades autónomas. La intención es que en el primer trimestre del año que viene tengamos un plan piloto de implantación y se inicie la negociación con los funcionarios para la Relación de Puestos de Trabajo.

--¿Los funcionarios son reacios a esta reorganización?

--No, los funcionarios son los primeros conscientes de que la carga de trabajo en los juzgados es desigual. Lo que quieren es formación y que se reconozcan retributivamente los puestos de especial responsabilidad, si los hay. Pero la implantación de la NOJ se hará a coste cero.

--¿Cómo se puede hacer?

--Las sucesivas reformas legales han vaciado o descargado mucho de contenido algunos servicios, y en un tiempo no muy largo habrá excedentes (de funcionarios) en ellos. En la negociación, los sindicatos tendrán que elegir si quieren suprimir estos puestos excedentes y retribuir a los que queden de especial responsabilidad o bien que haya menos de estos y con estos excedentes se presten más servicios.

--Volviendo a las infraestructuras, ¿se aplicará el plan director para la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón?

--En el presupuesto del año que viene está contemplada la reparación de la cubierta y la actuación en los sótanos, por 300.000 euros. Luego se actuará por años según la diponibilidad.

--¿También hay dinero para los partidos judiciales?

--Allí las mayores carencias son organizativas de personal. Por ejemplo, que las bajas se cubran con personal interino en una semana, no en dos meses.

--¿Y en cuanto a obras?

--Se acometerán las necesarias y urgentes, con un prespuesto de 610.000 euros. Aunque hasta ahora se han pagado solo 20.000.

--¿El Instituto de Medicina Legal de Aragón recibirá fondos?

--Se ha actuado para reparar instalaciones por una reciente inundación, pero para las nuevas unidades hay que estudiar si se puede llegar a todo.

--¿A todo esto le afectará la leforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal y el Código Penal?

--Habrá que ir viendo cómo, porque si solo llegan los casos con autor conocido el volumen de casos entrantes se reducirá a menos del 10% del actual.