El Consejo del Agua aprobaba días pasados, por amplia mayoría, el Plan de Cuenca del Ebro.
Para los sectores ecologistas, que lo votamos en contra, supone que los ríos, que son de todos y proveedores de este recurso vital para el territorio y para los 3,5 millones de personas que vivimos en la cuenca, queden en gran parte privatizados dejando de servir al interés general quedando en manos de unos pocos sectores: fundamentalmente para la agroindustria e hidroeléctricas.
Ello es muy grave porque supone seguir con las viejas y obsoletas políticas hidráulicas de apoyo a las demandas desmedidas del agua y olvidar que la Directiva Marco del Agua y la propia Ley de Aguas establecen que los caudales ambientales, el agua mínima que hay que dejar circular por los ríos para un buen estado de los ecosistemas, son un condicionante previo a las demandas de agua.
El Plan establece que para el 2015 el consumo de agua sea del 34% de las aportaciones medias, es decir que a la cuenca le quitamos más de un tercio del agua que ya no vuelve a los ríos. A medio plazo, el Plan se plantea un uso del 50% de sus aportaciones medias, ya que pasaremos de un millón de hectáreas de regadío a cerca de un millón y medio de has lo que exige además 79 nuevas propuestas de embalses, muchos de ellos incorporados por el Gobierno de Aragón, y a pesar de que en el propio borrador del Plan bastantes de ellos estaban calificados de dudosa viabilidad económica y medioambiental.
Para mayor escarnio, basándose en que laminan avenidas y tienen objetivos medioambientales como el de Biscarrués, se pagan en un 80% por el erario público. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde queda la recuperación de costes a la que obliga la Directiva Marco del Agua?.
Hay muchos ciudadanos que pensarán que utilizando el 50% de las aguas de los ríos aún dejamos otro tanto y que esta agua finalmente se pierde en el mar, importando poco el mantenimiento de la vida en los ecosistemas de nuestros ríos y el papel de dilución que realiza el agua para todo tipo de contaminantes, especialmente para la difusa que proviene de exceso de nutrientes, pesticidas y sales que origina la actividad agrícola y ganadera y que todavía se aumentará más con el medio millón de has de nuevos regadíos.
Esta contaminación difusa es la principal responsable de que el 26% de los tramos de los ríos de la cuenca estén en mal estado ecológico. En los nuevos escenarios de mayor extensión de cultivos esta situación se agravará.
Esta insostenibilidad de los objetivos del Plan la avala la Agencia de Medio Ambiente Europeo que señala que cuando una cuenca consume el 20% de sus recursos está en stress hídrico y pasa a situación extrema cuando se sobrepasa el 40%.
Estos usos del agua se conceden a 40, 50 .60 o más años de forma que esta privatización plantea serios problemas para que reviertan al conjunto de la sociedad. Así, por ejemplo, ningún salto hidroeléctrico en España que producen el 13% de toda la energía del país, ninguno ha pasado a manos públicas en más de cien años de historia. Y en otros casos, para tener agua de boca, se ha tenido que pagar compensaciones si ésta estaba dirigida previamente a otros usos.
El presidente de la Confederación y la Junta de la Federación de Regantes se han opuesto a mayores caudales ambientales en el delta, que es la garantía de que en otros tramos de la cuenca haya suficientes caudales ambientales, al afirmar que ponían en grave aprieto los usos del agua en otros puntos de la cuenca. Con ello dejaban meridianamente claro que para ellos los usos están por delante de los objetivos ambientales diga lo que diga la Ley de Aguas.
Hace unos ocho años se impulsó en la Confederación Hidrográfica del Ebro un ambicioso proyecto de participación para encontrar consensos entre todos los sectores implicados en el tema del agua. Por entonces, altos técnicos de la misma nos señalaban que el tiempo de las grandes infraestructuras de embalses y canalizaciones de ríos había pasado y no se hacían responsables de políticas llevadas décadas atrás. Era tiempo, señalaban, de mejoras ambientales, restitución de embalses colmatados, realización de cauces alternativos para evitar inundaciones a poblaciones, compuertas en escolleras, y otras alternativas en los que los ecologistas no poníamos objeciones. Pero para todo ello no hay prioridad ni dineros. Solo para obras tipo recrecimiento de Yesa de graves riesgos sociales y de grandes costes económicos.
En ese Consejo del Agua donde se aprobó el Plan de Cuenca , partidos políticos y sindicatos agrarios denominados progresistas, excepto Chunta Aragonesista, han apoyado estas líneas de trabajo que hipotecan el buen estado ecológico de los ríos para muchas décadas. No lo entendemos.
Nosotros seguiremos trabajando por cambiar un Plan que defiende los beneficios de unos pocos frente a los generales de la Cuenca.
