La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a la exalcaldesa de La Muela Marisol Aured del delito de prevaricación y malversación de caudales públicos que se le imputaba tras modificar el contrato de basuras de la localidad. Los magistrados no consideran que Aured actuara de forma ilegal junto a su compañero de banquillo, Luis Miguel Bolea, gerente de la empresa Seula.

Una sentencia, la octava resolución judicial en la que es exonerada, satisfizo a Aured, quien señaló a EL PERIÓDICO que va a solicitar al Partido Popular (PP) que anule la suspensión temporal de militancia que había adoptado el partido después de que se abriera juicio oral contra ella.

PLENO

El tribunal provincial afirma que la conducta que la Fiscalía y el ayuntamiento gobernado por CHA imputaba a los acusados «no es constitutiva de un delito de prevaricación, con independencia de si el acuerdo formalizado entre ambos en representación del consistorio y la empresa, en agosto del 2012, debió haber sido o no ratificado por el pleno del ayuntamiento, por poder constituir su contenido una modificación sustancial del contrato del 2005».

De hecho, resaltan que «no consta probado que persona alguna advirtiera a Aured de la necesidad de ratificación por el pleno, ni consta que la alcaldesa tenga conocimientos jurídicos». Es más, señalan que el secretario municipal, Luis Ruiz, (condenado en la operación Molinos) no hizo objeción alguna de que el acuerdo debía de ser aprobado en el pleno. «No consta que Luis Miguel Bolea fuera consciente de que el acuerdo transaccional debía ser ratificado por el ayuntamiento. ni que se le pueda imputar el delito por cooperación necesaria por el mero hecho de firmar dicho acuerdo con la alcaldesa.

Otra muestra de que Aured no buscaba perjudicar el municipio que gobernaba fue, tal y como señalan los magistrados, cuando finalizó el contrato con Seula, ya que la exprimera edila solicitó que el municipio se incorporara al servicio de recogida de la comarca para reducir el coste del servicio.

Este asunto se judicializó después de que Aured y Bolea llegaran a un acuerdo extrajudicial de 735.000 euros por el pago de una deuda y la adaptación del servicio al IPC, así como al cambio de demanda de usuarios al aumentar la población.