Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguran que el 23 de marzo habrá un proyecto de ley de presupuestos generales para este año. A pesar de que no cuenta todavía con los apoyos cerrados para su aprobación, el Gobierno central parece descartar una prórroga de los mismos, aunque se cierne la incertidumbre acerda de su futura aprobación. El Gobierno de Aragón mira de reojo los pasos que se dan en la Carrera de San Jerónimo, puesto que de la aprobación de los mismos peligran numerosos convenios bilaterales que suman un importe global de más de 114 millones pendientes del Estado. Estos ingresos son vitales para el desarrollo de determinadas políticas autonómicas que dependen de la firma de determinados ministerios.
La cuantía más destacada es la correspondiente a la conferencia sectorial de empleo, con más de 48 millones de euros que ingresan las arcas autonómicas procedentes del Estado. Una cifra sustancial que permite a los distintos Ejecutivos autonómicos políticas activas encaminadas a la creación de puestos de trabajo. Tras esta partida, la segunda más cuantiosa y que puede correr peligro si no hay presupuestos es la correspondiente al Fondo de Inversiones de Teruel, cofinanciado al 50% entre la Administración del Estado y la autonómica. Cada parte aporta 30 millones de euros.
PLAN DE VIVIENDA / Son, en total, 34 programas distintos y todos ellos están pendientes de firma hasta que se aprueben las cuentas estatales. Además de las mencionadas partidas para creación de empleo y para inversiones en Teruel, también destaca otra procedente del Estado para el plan de vivienda que asciende a 13 millones de euros.
Prácticamente todos los departamentos se verían afectados en el caso de que no haya una aprobación de presupuestos. En el caso de Medio Ambiente, varios convenios correrían riesgo. Una partida de 2,8 millones de euros para diversas subvenciones medioambientales y otra de 2,4 millones para acciones prioritarias relativas a la lucha contra los incendios forestales.
Es precisamente el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente uno de los que se vería más afectado, ya que a las subvenciones anteriores, también se sumaría la pérdida de otras para diversas partidas por importe de 1,63 millones de euros, 2,8 millones para industrias agrarias, 1,9 para modernización de explotaciones y 1,3 millones para ayudas agroambientales. Otras de menor cuantía pero igualmente importantes en esta consejería serían los 50.000 euros destinados al control lechero o los 114.000 para semillas y viveros, así como 150.000 para la lucha de agentes nocivos. La apicultura perdería 107.000 euros y las campañas de sanidad animal, 250.000 euros.
Las prestaciones básicas para Servicios Sociales son objeto de otro contrato por un importe que casi llega al millón de euros (dentro de esta área quedan pendientes varios millones de euros de la cofinanciación de la Ley de Dependencia, cuya aplicación empieza a provocar que el Estado arrastre una notable deuda histórica al no cumplir anualmente con su compromiso de cofinanciación en las ayudas a familias con personas dependientes).
El resto de cantidades pendientes de firma de los respectivos convenios son pequeñas cantidades para diversos y variados planes. Todos ellos dependen de que haya presupuestos aprobados, algo que el Gobierno quiere lograr antes del verano pero para lo que tiene grandes dificultades al no tener, ahora mismo, los apoyos necesarios.
