Más de 7.000 firmas rechazan el proyecto de decreto de orientación presentado a finales del año pasado por el Departamento de Educación y piden su "paralización". Las rúbricas, recogidas en una campaña iniciada por docentes de Atención Especializada que trabaja con alumnado que presenta necesidades educativas, y con el apoyo de Fapar y CCOO, se desarrolló entre diciembre y febrero dirigida a trabajadores de atención a la diversidad, profesorado o familias, exigen, asimismo, la apertura de un proceso de negociación para el consenso de toda la comunidad educativa.

El decreto, por el que se abordan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia, regula la orientación educativa y, según anunció Educación, suponía un incremento de la plantilla de orientadores. "Pero no tiene en cuenta las aportaciones realizadas por los docentes desde el año 2001 ni tampoco las ofrecidas por el Consejo Escolar de Aragón", lamentaron los docentes, que razonan su rechazo en que el decreto "pretende implantar dos modelos de Orientación educativa diferenciados entre la escuela pública y la concertada y queremos un modelo único de orientación con profesionales funcionarios de la orientación especializada para alumnado que lo necesite, sin distinciones por la escuela en la que esté escolarizado".

Además, rechazan que la Administración facilite el acceso a los centros educativos a entidades, asociaciones y organizaciones "para garantizar la inclusión adecuada" a la atención al alumnado, "delegando una parte de las responsabilidades educativas de atención a entidades privadas y externas a los centros". Asimismo, los colectivos detectan que "el peso de la intervención educativa recae en el tutor, sin incrementar recursos especializados en los centros, lo que no supone una mejora en la calidad educativa del alumnado e implica una importante reducción de maestros de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapeutas o auxiliares".

Del mismo modo, el decreto establece que los alumnos y alumnas con Trastornos del Lenguaje "dejan de ser considerados con necesidades educativas especiales" y otros "siguen sin ser incluidos", lo que, según CCOO, provoca la "consiguiente pérdida de derechos y la merma en la calidad de la respuesta educativa". Esto también se produce como consecuencia de la "supresión de los equipos de atención temprana de 0 a 3 años", aseguraron.