El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer el programa de mediación en casos de okupación de viviendas propiedad de los bancos o grandes grupos inmobiliarios. Aunque no es la primera vez que Zaragoza en Común (ZeC) anuncia este proyecto, el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, informó ayer que están redactando un nuevo protocolo que incluya medidas de acompañamiento e integración social.
El concejal explicó que las personas que «se ven obligadas» a residir ilegalmente están en «una exclusión casi total» porque la administración pública «no les reconoce por su situación «irregular» de manera que no pueden percibir ningún tipo de ayuda, como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).
La idea de este nuevo programa de mediación pasa por mantener la protección social de las familias en igualdad de derechos para que «no se les quiten las ayudas públicas». Además, pretenden definir el modus operandi para estos casos ya que se trata de familiares que requieren de un acompañamiento social e integral en el que entran en juego los servicios sociales y la Policía Local, explicó el concejal. La actual oficina de vivienda ha abierto hasta ahora 120 expedientes de personas que viven okupando y que se enfrentan al desalojo. Hay casos en los que hay bloques completos usurpados.
