El número de mediaciones por riesgo de desahucio realizadas por la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza descendió el año pasado un 30% respecto al 2016. Un dato positivo que viene motivado, principalmente por el descenso en los casos hipotecarios. Sin embargo, la cifras no son tan positivas ya que los expedientes por riesgo de desalojo por impago de alquiler no han sufrido la misma suerte. Los expedientes abiertos en el programa de impago de alquiler (199) triplican los de deuda hipotecaria (73).
Los datos forman parte del balance anual de la oficina que ofreció ayer el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, y su director, Sergio Castells. En el caso de las mediaciones por arrendamiento, en el 2017 la oficina atendió a 702 personas y se generaron 199 expedientes, de los que 167 correspondían a alquileres y 32 a okupaciones. En el 48,26% de los casos, los inquilinos acudieron con una demanda de desalojo y el 35% sin juicio pendiente.
En el 33% de las situaciones donde se produce el desahucio se recoloca a los afectados en viviendas del Gobierno de Aragón y el ayuntamiento, y en el 15,70% de las situaciones se alcanza un acuerdo de mediación de alquiles.
Por otro lado, la mitad de aquellos que acuden a la oficina por impago de la hipoteca, lo hacen sin una demanda formalizada. En cuanto al perfil de las personas que acuden en busca de una solución, destacan las unidades familiares con hijos, ronda el 40% en ambos tipos de casos, y monoparentales con menores (principalmente mujeres), entre el 20 y el 35%. Además, más de la mitad viven de los ingresos por desempleo o de prestaciones sociales.
Según el informe, el 36,12% de las mediaciones se alcanza un acuerdo de refinanciación de la hipoteca, frente a un 22,92% que no lo consiguen.
Híjar insistió en la necesidad de controlar el precio del mercado del alquiler, limitándolo y poniéndole coto para lograr parar «el efecto de especulación actual y la nueva burbuja» que se está generando, con arrendamientos cada vez más caros y una tendencia al alza.
