Pocas jornadas de tranquilidad se han vivido tras la devolución por parte de Cataluña de las 43 piezas del tesoro del monasterio de Villanueva de Sijena. La Generalitat presentó el miércoles por la tarde un nuevo recurso de reposición ante el juzgado de Huesca en el que reclamaba la vuelta de las obras al museo de Lérida alegando un defecto de forma. Las alarmas saltaron de inmediato y todas la miradas se fijaron en el ministerio de Cultura, que finalmente, y como responsable de las instituciones catalanas al amparo del artículo 155 de la Constitución, decidió retirarlo.

El Gobierno de Aragón calificó todo el proceso de «provocación» y lamento el «uso político y partidista» que se está haciendo del mismo. La consejera de Cultura, Mayte Pérez, recordó además que aún no habían recibido ninguna notificación. «Estaremos en alerta hasta verificar que se ha retirado», indicó. «Se jactan de decir que la ley hay que cumplirla y que el estado de derecho es para todos los españoles y con Aragón están teniendo una posición distinta», detalló.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo y titular de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, se explayó por primera vez sobre el conflicto desde que asumió las competencias de la Generalitat. «Este recurso se ha hecho sin mi conocimiento y consentimiento y voy a pedir la retirada del mismo porque, entre otras cosas, es algo pasado porque los bienes ya han sido trasladados», reconoció.

posible indefensión / En todo caso, precisó que si los servicios jurídicos catalanes estiman que es «necesario» recurrir en casación él autorizará a que lo hagan al considerar que «están en su derecho de hacerlo» ya que de lo contrario se incurriría en indefensión. «El pasado jueves me preguntaban que qué iba a pasar y les dije que acataría la sentencia y que se cumpliría, pero querían saber más, y como era una cuestión de orden pública y sensible no quería contarle más detalles porque sabía que había gente que quería oponerse a ello», detalló.

Para el ministro popular lo que ha sucedido ha sido «una controversia» entre dos comunidades autónomas «muy queridas» que podría haberse «resuelto amistosamente».

El escrito avanzado por la Generalitat alegaba «indefensión» al considerar que según la ley de enjuiciamiento civil para los casos de entrada en un domicilio «sin consentimiento» se debe dar la posibilidad a la parte demandada de presentar alegaciones, entre otros matices.

Todos los grupos políticos aragoneses criticaron antes de conocer la retirada del recurso el proceder de las autoridades catalanas. Por su parte, un colectivo de directores de museo catalanes han presentado un manifiesto en el que insisten en criticar el uso «desproporcionado» de la fuerza en el traslado.