Al menos 80 investigadores de la Universidad de Zaragoza podrían pasar en breve a disponer de un contrato indefinido. Todo apunta a que el Gobierno aragonés delegará en la institución académica la regulación del marco legislativo necesario para la instauración de esta figura, que actualmente no existe en el campus y que abrirá un nuevo horizonte a estos trabajadores.
A expensas de la regulación a través de una ley estatal, algunas comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco ya la han acometido y la Universidad de Zaragoza insiste en la necesidad de hacer lo propio cuanto antes en Aragón. Así lo ha transmitido a la consejera de Universidad, Pilar Alegría, que se ha mostrado dispuesta a ello. Podría ser a través de dos fórmulas: la regulación de esa figura por parte del propio Ejecutivo o delegar en la universidad, lo que parece mucho más probable. De hecho, así lo recoge el borrador de la Ley de Ciencia
«Esto nos permitirá dignificar contratos, porque hay numerosos investigadores que llevan muchos años trabajando con nosotros pero no hay forma de darles estabilidad laboral porque no hay una figura contractual para ello», lamenta Luis Miguel García Vinuesa, vicerrector de Investigación de la Universidad de Zaragoza. Así será en el 2018, cuando está prevista la implantación de la figura del investigador indefinido, «lo que posibilitaría que este personal dejara de encadenar contrato tras contrato», añade.
LEY DE CIENCIA // El reglamento de la universidad recoge desde hace años esta figura, aunque no existe todavía ni la normativa para su puesta en marcha ni las bases de los contratos, algo que la ley de ciencia recoge. Sin eso, no es posible la instauración del investigador indefinido, al que el rector, José Antonio Mayoral, ya hizo referencia el pasado martes en el Claustro como una de las novedades en cuanto a personal que se introducirán el próximo año.
En la actualidad, la universidad tiene contratados a unos 500 trabajadores relacionados con la investigación. La mitad de ellos es personal investigador y el resto técnicos. Al menos un tercio de los 250 investigadores, según los cálculos del rectorado, podrían acogerse a esta nueva figura, muy demandada por los sindicatos. «Se trata de trabajadores que, en muchos casos, acumulan bastantes años con nosotros y captan numerosos fondos, así que esta nueva figura sería dignificar sus contratos», incidió García Vinuesa.
Todo será posible a través de la aplicación de la ley de Ciencia, cuyo proyecto de ley será llevado el próximo martes al Consejo de Gobierno para su tramitación, según ha podido saber este diario. A ello se une el pacto por la ciencia en la comunidad, rubricado el año pasado.
Entre 2015 y 2016, la inversión en Aragón en I+D+i ha crecido un 2,7%, cuatro veces más que la media nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican también que el personal investigador ha crecido un 4,1% frente al 2,5% de la media española.
