Cerrar más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda España, mantener los acuíferos en buen estado y regenerar las aguas residuales es, según Greenpeace, clave para asegurar el abastecimiento y el riego en sequías severas como la actual, en que los embalses apenas rebasan el 37 % de su capacidad. «Es prioritario parar el continuo robo de caudales que provocan el millón de pozos ilegales reconocidos en 2017 y que agravan la sequía», aseveró ayer Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de la organización, durante la presentación del estudio Sequía. Algo más que falta de lluvia. «En los últimos 10 años es probable que se hayan cerrado unas cuantas decenas de pozos pero no se sabe cuantos más se habrán abierto y los acuíferos son las reservas hídricas estratégicas en casos de extrema gravedad», explicó.

Durante la multitudinaria rueda de prensa, Greenpeace incidió en que la sequía debe gestionarse desde un punto de vista holístico, que incluya acciones en la agricultura, ecosistemas terrestres y acuáticos, incendios, energía y cambio climático y salud y seguridad pública.

Para la organización ecologista, «basar la política hídrica en la oferta ilimitada de agua es un error con graves consecuencias medioambientales y sociales» y por ello, pese a que España es el país con más embalses per cápita del mundo, «siguen los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden». Sin embargo, añadió Greenpeace, la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo, que consume casi el 85% del agua, según los últimos datos del INE (2015), y el resto se lo reparten el abastecimiento y los usos industriales. Greenpeace ha denunciado además que el Gobierno, a través de su propuesta de Pacto Nacional por el Agua, usará la sequía para justificar la construcción de más embalses, trasvases e infraestructuras que no van a servir ante este problema estructural.